EE. UU. impondrá fianzas de hasta $ 20.000 para solicitantes de visas de Venezuela y otros 49 países
El Gobierno de Estados Unidos exigirá fianzas de entre 10.000 y 20.000 dólares a ciudadanos de unos 50 países, entre ellos Venezuela, que soliciten visas de turismo y negocios, como parte de una medida con la que busca reducir la permanencia irregular de visitantes en territorio estadounidense.
La disposición, anunciada este viernes por el Departamento de Estado, entrará en vigor el próximo lunes tras su publicación en el Registro Federal. La medida forma parte de un programa piloto implementado en agosto del año pasado y aplica a quienes soliciten visas B-1/B-2.
Tal como lo recoge Banca y Negocios, además de Venezuela, el requisito alcanzará a ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Granada en América, así como a decenas de países africanos, principalmente de las regiones occidental y oriental, entre ellos Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda.
De acuerdo con el documento oficial, los funcionarios consulares tendrán la facultad de fijar el monto de la fianza, que podrá ser de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares, según cada caso.
El pago será un requisito previo para tramitar la visa. Los fondos quedarán bajo la administración del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, que devolverán el dinero una vez el visitante concluya su estancia en Estados Unidos y cumpla con las condiciones de su permiso migratorio.
La Administración del presidente Donald Trump defendió la iniciativa como parte de su política para frenar la inmigración irregular, al sostener que está dirigida a países cuyos ciudadanos registran mayores índices de permanencia en EE. UU. más allá del tiempo autorizado por sus visas.
Según el Departamento de Estado, durante el primer año de aplicación del programa se identificaron unas 20.000 solicitudes sujetas al pago de fianza y aproximadamente la mitad de los aspirantes desistió de continuar con el trámite.
Asimismo, el organismo aseguró que la medida provocó una reducción del 83 % en la cantidad de visas de turismo y negocios otorgadas a ciudadanos de los países incluidos en el programa.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes cuestionaron la política al considerar que impone una barrera económica para acceder a vías legales de ingreso a Estados Unidos y afecta de manera desproporcionada a personas provenientes de países con menores ingresos y de mayoría afrodescendiente.
