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Marco Rubio califica de "ilegítima" a la Corte Penal Internacional y cuestiona su jurisdicción sobre EE. UU.

El secretario de Estado cuestionó la capacidad de la CPI para procesar a ciudadanos de países no miembros. Rubio advirtió que militares y funcionarios estadounidenses podrían enfrentar acusaciones ante el tribunal. Washington anunció medidas para limitar la influencia de la Corte Penal Internacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó de «ilegítima» a la Corte Penal Internacional (CPI) y cuestionó su capacidad para ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no forman parte del Estatuto de Roma.

Durante una declaración pública, Rubio señaló que una de las principales preocupaciones de Washington es que el tribunal, con sede en La Haya, sostenga que puede investigar y procesar a personas procedentes de Estados que no han aceptado su jurisdicción.

La Corte Penal Internacional es una organización internacional ilegítima. Se han hecho ilegítimos porque afirman que, incluso si no eres miembro de esa corte, pueden perseguirte", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio advirtió que esta interpretación podría permitir que integrantes de las Fuerzas Armadas, dirigentes políticos y otros funcionarios estadounidenses sean objeto de investigaciones o acusaciones ante el tribunal internacional.

Lo que eso literalmente significa en el futuro es que miembros del servicio estadounidense, líderes políticos y otros podrían encontrarse bajo indictment por esta Corte Penal Internacional", sostuvo.

El secretario de Estado también hizo referencia al fiscal especial Jack Smith, quien anteriormente trabajó en la Corte Penal Internacional y posteriormente encabezó investigaciones judiciales contra el presidente Donald Trump.

Rubio anunció además que la Administración estadounidense comenzó a tomar medidas para limitar la influencia de la institución.

"Ahora hemos comenzado un esfuerzo para realmente intentar poner a esa corte en su lugar", declaró.

La posición de Rubio se mantiene en línea con la postura de Washington de rechazar la jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, instrumento que estableció el tribunal internacional, por lo que sostiene que la Corte no tiene competencia sobre sus nacionales.

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