ONG plantean ante Congreso de EE. UU. medidas para la transición democrática en Venezuela
La audiencia, organizada por la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes, contó con la participación de voceros de Justicia, Encuentro y Perdón, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro Robert F. Kennedy de Derechos Humanos
Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron este miércoles ante miembros del Congreso de Estados Unidos promover acciones que permitan avanzar hacia una transición democrática en Venezuela, en medio de una crisis institucional, política y humanitaria que, según denunciaron, se profundizó tras los terremotos del pasado 24 de junio.
La audiencia, organizada por la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes, contó con la participación de voceros de Justicia, Encuentro y Perdón, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, refiere El Nacional.
Durante el encuentro, las organizaciones coincidieron en que cualquier proceso de transición debe incluir la protección de las víctimas, la reconstrucción del Estado de derecho, la participación activa de la sociedad civil y mecanismos de justicia y rendición de cuentas.
Entre las medidas planteadas ante los legisladores estadounidenses estuvieron la liberación definitiva de los presos políticos, la eliminación de normas que restringen el espacio cívico, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la apertura del país a organismos internacionales de derechos humanos.
La abogada Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, destacó los avances registrados tras la excarcelación de varios presos políticos y la aprobación de una Ley de Amnistía, aunque advirtió que aún existen obstáculos para garantizar una verdadera libertad plena.
Ha representado un alivio”, expresó Tineo, al referirse a las liberaciones, pero señaló que la mayoría de los excarcelados continúa bajo medidas restrictivas y procesos judiciales que, a su juicio, vulneran las garantías del debido proceso.
Indicó que la organización contabiliza 518 personas privadas de libertad por motivos políticos y cuestionó que no se hayan entregado listas oficiales verificables de los beneficiarios de las medidas de excarcelación.
Venezuela es un país devastado por décadas de erosión en su tejido político, económico y social. Somos conscientes de que una tragedia de esta magnitud no se supera en meses, ni puede ni debe depender exclusivamente de la política norteamericana”, afirmó.
Tineo planteó como acciones inmediatas la liberación total de los presos políticos civiles y militares, la derogación de leyes que limitan el trabajo de organizaciones civiles y el desmantelamiento de estructuras de persecución.
Terremoto expone la crisis
Por su parte, Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, aseguró que los terremotos expusieron la fragilidad institucional del país, pero también evidenciaron la capacidad de respuesta de la sociedad civil venezolana.
El terremoto no creó la crisis venezolana, la expuso”, manifestó Borges, quien destacó el papel de organizaciones comunitarias, periodistas independientes, universidades y la diáspora venezolana durante la emergencia.
La defensora de derechos humanos alertó que las organizaciones independientes enfrentan limitaciones económicas, restricciones de acceso a la información y procesos de criminalización que afectan su capacidad de acción.
Borges señaló que una eventual reconstrucción nacional debe ir más allá de la infraestructura física e incluir la recuperación de las instituciones de justicia, la confianza pública y mecanismos de verdad, reparación y garantías de no repetición.
Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela de WOLA, afirmó que durante las últimas dos décadas se produjo un debilitamiento progresivo de las instituciones democráticas del país.
Los tribunales fueron cooptados, las autoridades electorales quedaron bajo control del poder ejecutivo y los órganos de control se convirtieron en instrumentos de poder abusivo”, sostuvo.
Dib recordó las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y denunció una ola de detenciones que, según indicó, incluyó a miles de personas, entre ellas menores de edad.
Aseguró que, pese a algunos cambios políticos recientes, Venezuela aún no ha iniciado una transición democrática y señaló que continúan vigentes estructuras que, según la organización, permiten la persecución de opositores y activistas.
También pidió al Congreso estadounidense promover medidas verificables como la liberación incondicional de presos políticos, la restitución de la libertad de prensa, el acceso de organismos internacionales de derechos humanos y una ruta participativa para restablecer el orden constitucional.
Isabel Carlota Roby, abogada sénior del Centro Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, afirmó que los terremotos agravaron una situación marcada por la represión, la migración masiva y la crisis humanitaria.
La crisis se está desarrollando directamente dentro de un contexto autoritario caracterizado por la represión y el control estatal”, señaló, al considerar que la emergencia evidenció las dificultades del Estado venezolano para responder a las necesidades de la población.
Roby sostuvo que las organizaciones de derechos humanos han documentado durante años denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y otros abusos que, según afirmó, forman parte de un patrón de represión.
Las organizaciones solicitaron finalmente al Congreso de Estados Unidos mantener el respaldo a programas de democracia y derechos humanos para Venezuela, así como garantizar que la ayuda humanitaria y los recursos destinados a la reconstrucción sean manejados con transparencia y supervisión.