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Venezuela negocia con el FMI acceso a fondos de emergencia tras los terremotos

El Gobierno busca disponer de unos 350 millones de dólares del tramo de reservas para atender la crisis humanitaria y acelerar la reconstrucción. El FMI confirmó que mantiene conversaciones con las autoridades venezolanas sobre mecanismos de financiamiento de rápida disponibilidad

Venezuela inició conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder de manera rápida a parte de sus activos financieros, con el objetivo de fortalecer la respuesta a la emergencia provocada por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron miles de fallecidos, heridos y severos daños en la infraestructura del país.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo una conversación con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para solicitar el uso inmediato del tramo de reservas de Venezuela en el organismo, un mecanismo que representa cerca de 350 millones de dólares y que puede ser utilizado con mayor rapidez para atender necesidades urgentes.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, confirmó este jueves durante una rueda de prensa que ambas partes abordaron el acceso a esos recursos, al destacar que constituyen una importante fuente de liquidez para responder a situaciones de emergencia.

Abordaron el uso del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, el cual constituye una fuente de liquidez importante y de fácil acceso que puede movilizarse rápidamente", señaló Kozack.

Además del tramo de reservas, Venezuela dispone de aproximadamente 4.500 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), aunque el acceso a esos recursos requiere procedimientos adicionales dentro del organismo internacional.

Las autoridades venezolanas argumentan que estos fondos son fundamentales para atender la emergencia humanitaria derivada de los terremotos y financiar parte de la reconstrucción de las zonas afectadas.

Las negociaciones se producen luego del restablecimiento, en abril de este año, de las relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional, que permanecieron suspendidas durante cinco años.

El acercamiento ocurre en medio de una de las mayores emergencias naturales registradas en el país en las últimas décadas. Según el balance oficial, los dos terremotos ocurridos el 24 de junio dejaron 3.811 fallecidos y 16.749 personas heridas, además de miles de damnificados.

Los movimientos telúricos también ocasionaron graves daños en viviendas, hospitales, escuelas, comercios, carreteras y en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Mientras el Gobierno reportó el colapso de 190 edificaciones, estimaciones de la NASA elevaron a casi 59.000 las estructuras dañadas o destruidas.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que los daños físicos directos ascienden a unos 6.700 millones de dólares.

Ante este panorama, el Ejecutivo anunció recientemente un fondo inicial de 200 millones de dólares para atender la emergencia y habilitó una cuenta en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para canalizar aportes internacionales destinados a las labores de reconstrucción.

La catástrofe también modificó las perspectivas económicas del país. Antes de los terremotos, Venezuela impulsaba un proceso de recuperación con acuerdos para atraer inversiones en los sectores petrolero, minero y eléctrico, además de avanzar en su reinserción al sistema financiero internacional.

Sin embargo, analistas y representantes del sector privado consideran que la reconstrucción requerirá un importante respaldo financiero internacional y la participación del empresariado nacional. Incluso, algunas proyecciones estiman que el crecimiento económico previsto para este año podría reducirse hasta en cuatro puntos porcentuales debido al impacto de la tragedia.

El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, sostuvo que, aunque buena parte de las principales zonas productivas del país no resultaron directamente afectadas por el epicentro de los sismos, la magnitud de los daños obliga a replantear los planes de recuperación económica y a fortalecer las alianzas entre el sector público, el privado y los organismos multilaterales.

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