Delcy promete viviendas para fin de año a damnificados por sismos: especialistas dudan que se cumpla
Las autoridades reportaron más de 17.000 personas sin vivienda tras los sismos, mientras organismos internacionales y firmas privadas han estimado daños de gran magnitud. Especialistas de la Universidad Católica Andrés Bello advirtieron que la magnitud del desafío exige un acuerdo amplio que incluya cooperación internacional, debido a la incapacidad del Estado para afrontar por sí solo el proceso de recuperación
En medio del impacto humanitario que dejaron los terremotos en Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que el Gobierno prevé ofrecer “soluciones habitacionales antes de que finalice el año”, una afirmación que ha sido cuestionada por analistas debido a las limitaciones financieras y estructurales del país.
Rodríguez afirmó que el Ministerio de Vivienda y Hábitat trabaja en proyectos “en el menor tiempo posible para atender la situación” y sostuvo que habrá “miles de soluciones antes de que finalice el año”, durante la instalación de una comisión especial para la atención de la emergencia. Sin embargo, no precisó si se trata de viviendas definitivas, refugios temporales o campamentos para los damnificados. El Gobierno no ofreció detalles adicionales sobre el alcance del plan.
Las autoridades reportaron más de 17.000 personas sin vivienda tras los sismos, mientras organismos internacionales y firmas privadas han estimado daños de gran magnitud. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calculó pérdidas cercanas a los 6.700 millones de dólares, mientras que la consultora Econalítica elevó la cifra hasta los 8.000 millones, equivalente a cerca del 7 % del PIB venezolano, advirtiendo que la reconstrucción podría requerir al menos el doble.
El economista Asdrúbal Oliveros señaló en declaraciones a CNN que el país “no tiene la holgura fiscal y financiera para hacer frente a las necesidades de la reconstrucción”, estimando que el costo total podría ubicarse entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. A su juicio, el proceso requerirá coordinación entre el Estado, el sector privado y actores internacionales para ser viable.
En esa misma línea, especialistas de la Universidad Católica Andrés Bello advirtieron que la magnitud del desafío exige un acuerdo amplio que incluya cooperación internacional, debido a la incapacidad del Estado para afrontar por sí solo el proceso de recuperación.
La apertura reciente de relaciones del Banco Interamericano de Desarrollo con Venezuela, tras años de congelamiento, ha sido vista como un posible canal de financiamiento. Sin embargo, los recursos anunciados hasta ahora han sido limitados frente a la escala de la emergencia.
En paralelo, expertos en urbanismo y planificación han cuestionado la viabilidad de los plazos anunciados por el Ejecutivo. La urbanista Zulma Bolívar señaló que trabajar con datos desactualizados —el último censo oficial data de 2011— dificulta cualquier planificación precisa y advirtió que no existe información suficiente sobre población, infraestructura y daños reales.
Lo veo como una promesa vacía”, afirmó en referencia al objetivo de ofrecer soluciones en seis meses, al considerar que la ausencia de planificación urbana sostenida durante años limita cualquier respuesta rápida y estructurada.
El ingeniero José De Viana fue aún más crítico al calificar de “farsa” la promesa oficial de reconstrucción acelerada, al señalar que procesos de este tipo suelen extenderse por años incluso en contextos con mayor capacidad institucional.
Mientras tanto, personas afectadas continúan en condiciones precarias en refugios improvisados, a la espera de respuestas concretas. “Todavía no hemos pensado en el futuro, no sabemos qué viene adelante… ahora no tenemos dónde vivir”, relató uno de los damnificados.
El debate también ha alcanzado el terreno económico y financiero. El posible acceso a nuevos mecanismos de financiamiento a través del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales sigue sin definiciones claras, en un contexto donde Venezuela arrastra además procesos de reestructuración de deuda y limitaciones severas de acceso a mercados internacionales.
Para analistas, la reconstrucción no solo implica levantar viviendas, sino también enfrentar problemas estructurales acumulados durante décadas, desde la precariedad de los servicios públicos hasta la debilidad institucional. En ese escenario, advierten que sin un plan integral, con respaldo técnico y financiero, la promesa de soluciones rápidas corre el riesgo de no materializarse en los plazos anunciados.