Caos y trabas oficiales ocultan el destino de 147 deportados atrapados en hotel de La Guaira
Un contingente de 147 venezolanos expulsados de EE. UU. quedó atrapado tras desplomarse el hotel de retención médica estatal. Sobrevivientes contradicen la cifra oficial de 12 rescatados y aseguran que decenas de personas lograron salir con vida. Familiares denuncian opacidad en las listas de morgues y bloqueos del Sebin para ingresar a los hospitales
Las familias de los 147 ciudadanos venezolanos repatriados forzosamente desde los Estados Unidos en el vuelo de deportación 164 enfrentan un complejo escenario de desinformación institucional.
El grupo de migrantes, que incluía a cinco menores de edad, fue recluido por las autoridades en las instalaciones del Hotel Santuario La Llanada para un proceso de registro forense y epidemiológico, estructura que colapsó por completo durante el doble terremoto del pasado 24 de junio.
A una semana de la catástrofe, los balances del Ejecutivo nacional solo computan de forma oficial a 12 sobrevivientes de la edificación, una métrica fuertemente cuestionada por los propios rescatados.
Testigos presenciales de la tragedia, como Luis Daniel Castillo y Branli Zárate, declararon de forma pública que la cifra real de supervivientes podría ubicarse en torno a las 30 personas, detallando que lograron observar a numerosos compañeros del vuelo en el Hospital José María Vargas y en las adyacencias de los escombros antes de que se restringiera el acceso perimetral.
Las denuncias de las familias apuntan de manera directa a la opacidad y a los bloqueos de los cuerpos de seguridad civil.
Allegados de las víctimas documentan haber recorrido más de 25 dependencias entre Caracas y el litoral central, enfrentando contradicciones donde un mismo nombre figura simultáneamente en los listados de supervivientes del Hospital Militar, en las actas de la morgue de Bello Monte y en el centro de acopio forense de Los Silos. Asimismo, denunciaron que comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) impidieron el ingreso de los padres a los centros médicos para constatar la identidad de los ingresados.
Juristas especializados en derechos humanos recordaron que, al encontrarse bajo un régimen de retención obligatoria y despojados de sus teléfonos celulares por órdenes policiales, los deportados permanecían bajo la estricta custodia y responsabilidad jurídica del Estado.
Mientras las denuncias por negligencia estructural en el mantenimiento del hotel aumentan, la comunidad médica atiende casos de gravedad extrema, como el del joven Anderson Salcedo, de 21 años de edad, quien debió sufrir la amputación traumática de ambas extremidades inferiores tras resistir 40 horas tapiado bajo el hormigón.