Policia española revela que Zapatero cobró 200.000 euros para influir en el Gobierno de Bolivia
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que el expresidente español usó su influencia internacional para favorecer a un conglomerado peruano. Los investigadores detectaron el cobro de 200.000 euros mediante una sociedad instrumental de consultoría que camuflaba los servicios de presión política. El informe policial concluye que los hallazgos apuntalan los indicios de una presunta organización criminal liderada por el político ibérico
Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha destapado una serie de gestiones realizadas por el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el Ejecutivo de Bolivia.
De acuerdo con las indagaciones policiales, el político se habría servido de su ascendencia pública internacional para ejercer influencias de carácter ilícito en favor de un grupo empresarial peruano, percibiendo a cambio una comisión de 200.000 euros.
Las maniobras de presión tenían como objetivo librar al grupo peruano Gloria de una sanción económica que ascendía a los 100 millones de euros en territorio boliviano.
Para destrabar la situación, el expresidente español realizó dos viajes específicos a las ciudades de La Paz y Sucre, donde mantuvo encuentros directos con el presidente del país andino y varios miembros de su gabinete de ministros.
Para instrumentar y blanquear los pagos de estas operaciones, se suscribió en mayo de 2024 un contrato de asesoramiento anual con la sociedad peruana Focus Social Research SAC.
Los investigadores determinaron que esta firma funcionó como una empresa pantalla, puesto que su objeto social, centrado en el marketing, carecía de vinculación real con las actividades de cabildeo desplegadas y solo figuraba en el entramado para la firma de contratos y el abono de facturas.
Los fondos se canalizaron a través de tres transferencias bancarias ejecutadas entre 2024 y 2025: un primer desembolso de 100.000 euros en julio de 2024 y dos pagos posteriores de 50.000 euros cada uno en junio de 2025.
La logística y la agenda de alto nivel en Bolivia eran coordinadas por la secretaria de Zapatero, a través de cuyo teléfono móvil se detectaron comunicaciones con la ministra de la Presidencia boliviana, María Nela Prada, y la jefa de Gabinete presidencial, Fabiola Salazar.
El informe de la UDEF concluye de forma contundente que los hechos analizados apuntalan los indicios sobre la existencia de una presunta organización criminal liderada por Rodríguez Zapatero.
La red aprovechaba el perfil institucional del exmandatario para comercializar influencias ilícitas en beneficio de clientes privados, incorporando en sus comitivas oficiales a empresarios afines y a altos cargos de organismos internacionales.