Cinco excomandantes de las FARC son imputados por crímenes de lesa humanidad en Colombia
La JEP documentó 423 hechos victimizantes contra comunidades indígenas y afrocolombianas ocurridos entre 1996 y 2007. Los excomandantes son señalados de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, torturas y violencia sexual. Los imputados tendrán 30 días para aceptar los cargos o enfrentar un juicio con penas de hasta 20 años de prisión
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves a cinco exjefes del Bloque Caribe de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos contra comunidades indígenas y afrocolombianas en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, entre los años 1996 y 2007.
De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la antigua guerrilla implementó un patrón sistemático de control territorial que afectó a los pueblos kankuamo, wiwa, kogui, arhuaco, wayúu, ette ennaka y yukpa, además de comunidades afrocolombianas asentadas en el norte del país.
La investigación concluyó que las acciones no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia para consolidar el dominio político, militar, social y cultural de las FARC en estos territorios, mediante la intimidación y el control de las comunidades.
Entre las modalidades identificadas por la JEP figuran la cooptación de organizaciones indígenas y afrodescendientes, el asesinato o desplazamiento de personas consideradas colaboradoras de otros grupos armados, castigos a quienes incumplían las normas impuestas por la guerrilla, violencia basada en género contra mujeres y niñas, así como la ocupación de territorios y lugares considerados sagrados.
Los imputados son Abelardo Caicedo Colorado, alias Solís Almeida; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias Leonardo Muñoz; Gilberto Giraldo, alias Aldemar Altamiranda; Héctor Hernández, alias Fabio Borges; y Marcos Martínez, alias Silfredo, señalados como máximos responsables de los hechos.
La JEP documentó un total de 423 hechos victimizantes en 27 municipios, entre ellos 163 asesinatos, 211 desplazamientos forzados, 53 desapariciones forzadas y 25 casos de violencia sexual. Además, estableció que al menos 1.590 personas fueron desplazadas, principalmente integrantes de los pueblos wiwa, kankuamo y comunidades afrocolombianas.
El tribunal también señaló que las consecuencias de estos crímenes trascendieron a las víctimas directas, al afectar la supervivencia física, cultural y espiritual de los pueblos étnicos, así como sus formas de organización, prácticas ancestrales y vínculos con territorios considerados sagrados.
Los cinco excomandantes disponen ahora de un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. Si reconocen su responsabilidad, continuarán dentro del modelo restaurativo de la JEP; de lo contrario, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar un juicio con penas de hasta 20 años de prisión y perder los beneficios contemplados por la justicia transicional.