Héctor Rodríguez plantea reorganizar la administración pública ante una nómina “insostenible”
La propuesta oficial apunta a redistribuir al personal en función de las necesidades institucionales y evitar cesantías masivas. En su exposición, indicó que el Ejecutivo central concentraría alrededor de 2,9 millones de trabajadores. Advirtió que los recursos del país son limitados y dependen en gran medida de los ingresos petroleros
El jefe de la Comisión Presidencial para la Reestructuración del Gobierno venezolano, Héctor Rodríguez, sostuvo en reuniones con autoridades del Poder Legislativo y Judicial que la nómina del sector público es “insostenible”, aunque aclaró que la intención del plan no es despedir trabajadores sino reorganizar la estructura estatal.
Según lo expuesto en el encuentro del 16 de junio con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la propuesta oficial apunta a redistribuir al personal en función de las necesidades institucionales y evitar cesantías masivas. Rodríguez insistió en que el objetivo es “reordenar” el aparato estatal y no “sacar gente a la calle”.
El funcionario señaló además que suele confundirse el tamaño del Estado con el del gobierno, precisando que el volumen de empleados incluye niveles nacional, regional y municipal. En su exposición, indicó que el Ejecutivo central concentraría alrededor de 2,9 millones de trabajadores, cifra que ascendería a unos 3,5 millones al sumar administraciones estadales y municipales.
También detalló que la estructura gubernamental estaría compuesta por decenas de ministerios, más de un centenar de viceministerios y un amplio sistema de empresas e institutos públicos, lo que a su juicio genera duplicidad de funciones y exceso de burocracia.
Rodríguez advirtió que los recursos del país son limitados y dependen en gran medida de los ingresos petroleros, estimados en torno a los 60 dólares por barril, lo que representa ingresos mensuales aproximados de 630 millones de dólares. Bajo ese contexto, defendió la necesidad de optimizar el gasto público.
El plan de reorganización contempla también la revisión del marco jurídico y administrativo del Estado, con el fin de simplificar estructuras, mejorar la eficiencia institucional y evitar superposiciones entre organismos.
Finalmente, la propuesta oficial enfatiza la intención de proteger el empleo, garantizar derechos sociales y mejorar la prestación de servicios públicos, mientras se avanza hacia una reforma del aparato gubernamental.