Transparencia Venezuela asegura que redes de corrupción vinculadas al chavismo habrían desviado $70.000 millones
La información fue presentada por la directora ejecutiva de la organización, Mercedes de Freitas, durante la divulgación del informe “El mapa de los decomisos”. De acuerdo con el estudio, hasta ahora se han identificado 719 bienes vinculados a estos casos en al menos 21 países. De esa cifra, 287 activos ya cuentan con sentencias firmes de decomiso, mientras que otros 432 permanecen en procesos abiertos o sin resolución definitiva
Transparencia Venezuela advirtió que los casos de corrupción vinculados al país, investigados en tribunales de distintas partes del mundo, representan un desfalco estimado en más de 70.000 millones de dólares, según datos recopilados en expedientes judiciales internacionales.
La información fue presentada por la directora ejecutiva de la organización, Mercedes de Freitas, durante la divulgación del informe “El mapa de los decomisos”, en el marco del foro virtual “Rastro del dinero venezolano decomisado a redes corruptas”. En ese espacio se analizaron los desafíos legales e institucionales para rastrear, recuperar y repatriar activos asociados a esquemas de corrupción.
De acuerdo con el estudio, hasta ahora se han identificado 719 bienes vinculados a estos casos en al menos 21 países, con un valor cercano a los 4.000 millones de dólares. De esa cifra, 287 activos ya cuentan con sentencias firmes de decomiso, mientras que otros 432 permanecen en procesos abiertos o sin resolución definitiva.
De Freitas explicó que la recuperación de estos fondos se ha visto limitada por la falta de cooperación judicial y de información proveniente de Venezuela, lo que ha provocado el cierre o estancamiento de múltiples expedientes en el extranjero.
En paralelo, la investigadora María Alejandra Márquez señaló que en Estados Unidos se concentran al menos 80 casos vinculados a corrupción venezolana, con órdenes de confiscación que suman cerca de 3.900 millones de dólares. Según indicó, una parte de estos recursos ya habría sido convertida en efectivo disponible para su eventual recuperación.
Las organizaciones participantes coincidieron en que la magnitud de los recursos desviados exige mecanismos internacionales más eficientes y cooperación judicial reforzada para avanzar en la recuperación de activos.