Organizaciones denuncian ante la ONU la vulneración del derecho al salario suficiente en Venezuela
La acción internacional fue introducida después de que transcurrieran casi tres años sin que el Tribunal Supremo de Justicia. La comunicación está suscrita por el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela.
Un grupo de organizaciones de trabajadores y defensores de derechos humanos presentó este miércoles una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, en la que acusa al Estado venezolano de vulnerar el derecho al acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo.
La acción internacional fue introducida después de que transcurrieran casi tres años sin que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronunciara sobre una acción de amparo presentada en 2023 en defensa del derecho a un salario suficiente.
La comunicación está suscrita por el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (SinatraUCV), Eduardo Sánchez; el integrante del Observatorio para la Dignidad en el Trabajo, Adelmo Becerra; la activista del Núcleo de Derechos Humanos de la Corriente Comunes, Marisol Guédez; y el codirector del Colectivo de Derechos Humanos Surgentes, Antonio González Plessmann.
El origen de la denuncia se remonta al 25 de julio de 2023, cuando diversas organizaciones populares y trabajadores de distintas regiones del país introdujeron ante la Sala Constitucional del TSJ una acción de amparo sobre derechos e intereses colectivos. El recurso buscaba obtener protección frente a la falta de ajustes del salario mínimo y cuestionaba la política de bonificación de los ingresos, al considerar que afecta el cálculo de prestaciones sociales, aguinaldos y otros beneficios laborales.
Los denunciantes sostienen que, pese al tiempo transcurrido, el máximo tribunal no ha emitido ninguna decisión sobre la admisión o inadmisión del recurso, tampoco ha convocado audiencias y, además, habría impedido el acceso a copias del expediente judicial.
Según las organizaciones, esta situación constituye una denegación de justicia y una vulneración de los artículos 2.3 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento internacional ratificado por Venezuela desde 1978.
En la petición presentada ante la ONU, los firmantes solicitan que se declare admisible la comunicación, se determine la responsabilidad del Estado venezolano por la presunta violación de derechos fundamentales y se exija como medida de reparación el acceso al expediente, la admisión del recurso y un pronunciamiento motivado por parte del TSJ.
Asimismo, piden que se impulsen reformas institucionales que impidan que el silencio procesal derive en la desprotección de los ciudadanos que acuden a la justicia en busca de la tutela de sus derechos.