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Venezuela registra tasa de 1,2 homicidios por cada 100 mil habitantes según Diosdado Cabello

Señaló que la disminución de los índices delictivos responde a políticas de seguridad implementadas por el Estado y afirmó que uno de los retos pendientes es fortalecer los procesos de control interno dentro de los cuerpos policiales. En ese contexto, aseguró que durante los últimos dos años fueron separados de sus cargos y sometidos a procesos judiciales 28.314 funcionarios policiales por presuntas irregularidades

Durante el acto de reinicio de la Revolución Judicial realizado este miércoles, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela registra una tasa de 1,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según indicó, este resultado estaría relacionado con el funcionamiento de los circuitos comunales, los Cuadrantes de Paz y los mecanismos de detección temprana de delitos en el país.

A través de un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Cabello señaló que la disminución de los índices delictivos responde a políticas de seguridad implementadas por el Estado y afirmó que uno de los retos pendientes es fortalecer los procesos de control interno dentro de los cuerpos policiales. En ese contexto, aseguró que durante los últimos dos años fueron separados de sus cargos y sometidos a procesos judiciales 28.314 funcionarios policiales por presuntas irregularidades.

Durante su intervención, el también ministro de Interiores reconoció la existencia de casos de corrupción dentro de los organismos de seguridad y sostuvo que las autoridades continuarán tomando medidas para combatir estas prácticas.

Asimismo, advirtió sobre situaciones en las que algunas policías estadales y municipales actúan al margen de las directrices establecidas por el sistema de justicia nacional, lo que, a su juicio, dificulta la coordinación institucional.

Finalmente, Cabello afirmó que los cambios planteados en el marco de la Revolución Judicial buscan mejorar el funcionamiento del sistema de justicia y reforzar las políticas de seguridad ciudadana, con el objetivo de mantener la reducción de los índices delictivos y combatir estructuras delictivas dentro de las instituciones públicas.

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