Venezuela deberá saldar 2.500 millones de dólares antes de acceder a financiamiento del BID y la CAF
La posibilidad de que Venezuela retome operaciones de financiamiento con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) dependerá, en primer lugar, de la cancelación de las obligaciones financieras pendientes que mantiene con ambas instituciones.
Así lo señaló Adriana D’Elia, consejera senior del BID, durante un foro organizado por Transparencia Venezuela, donde explicó que el país no podrá acceder a nuevos créditos ni ejecutar proyectos de inversión financiados por estos organismos mientras no regularice su situación financiera.
Según indicó, la deuda acumulada con el BID ronda los 2.500 millones de dólares, mientras que los compromisos pendientes con la CAF se ubican en una cifra similar. Esta situación representa uno de los principales desafíos para la reincorporación plena de Venezuela a los mecanismos de financiamiento internacional.
D’Elia explicó que, mientras se mantengan esas obligaciones pendientes, la relación con los organismos multilaterales se limitará a actividades de cooperación técnica, asesorías y diseño de programas, sin posibilidad de ejecutar proyectos que impliquen desembolsos de recursos.
La especialista mencionó además que una de las alternativas evaluadas para atender estas obligaciones sería el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados a Venezuela por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo monto se estima en alrededor de 5.000 millones de dólares.
Durante su intervención, también destacó que los organismos multilaterales han modificado sus estrategias en los últimos años, priorizando el fortalecimiento institucional y la transparencia como elementos fundamentales para impulsar procesos de recuperación económica y desarrollo sostenible.
En ese sentido, consideró necesario avanzar en la construcción de mecanismos que permitan generar información pública confiable y fortalecer la capacidad de las instituciones venezolanas para diseñar y ejecutar políticas públicas de manera eficiente.
Asimismo, planteó la necesidad de desarrollar indicadores que permitan evaluar áreas clave como la gestión institucional, los servicios públicos y la seguridad, así como implementar experiencias piloto que sirvan para medir resultados antes de extender nuevas políticas a escala nacional.
Las declaraciones se producen en un contexto en el que Venezuela busca restablecer vínculos con organismos financieros internacionales y atraer recursos que contribuyan a la recuperación económica y al fortalecimiento de sectores estratégicos del país.
