Gonzalo Himiob exige transparencia sobre presos y advierte riesgo de desaparición forzada
Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, exigió este viernes que las autoridades venezolanas informen con precisión el destino, la situación y el paradero de las personas privadas de libertad, y advirtió que la omisión de esa información podría constituir el delito de desaparición forzada tipificado en el Código Penal.
En un mensaje en X, Himiob recordó que los funcionarios que participan en traslados de detenidos están obligados a notificar de manera clara el lugar al que son llevados. “A los funcionarios que están moviendo presos de un lado para otro se les recuerda que deben indicar y notificar con claridad cuál es su destino, situación o paradero. Lo contrario puede llegar a constituir una desaparición forzada (Art. 180-A CP)”, escribió, acompañando su publicación con la imagen del artículo del Código Penal que sanciona el delito.
El artículo 180-A establece penas de entre 15 y 25 años de prisión para autoridades o personas al servicio del Estado que priven ilegítimamente de libertad a una persona y se nieguen a reconocer la detención o a informar sobre su destino o situación. La norma además determina que el delito se considera continuado mientras no se determine el paradero de la víctima.
La advertencia de Himiob llegó después del traslado, el pasado 3 de junio, de los que fueron descritos como los “últimos presos políticos” recluidos en El Helicoide hacia distintos centros penitenciarios del país. Familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron que inicialmente no se ofreció información oficial detallada sobre el destino de varios de los detenidos, aunque algunos habrían señalado desde los vehículos de traslado que se dirigían a la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo.
El episodio generó además controversia por declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que El Helicoide había sido cerrado tras la captura de Nicolás Maduro. Las afirmaciones provocaron reacciones de ONG y familiares, que reclamaron información transparente sobre la ubicación y las condiciones de reclusión de los detenidos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en la importancia de garantizar el acceso a información para evitar prácticas que puedan constituir detenciones ilegales o desapariciones. Hasta el cierre de esta nota, no hubo pronunciamiento oficial que detallara la ubicación exacta y las condiciones de los trasladados.
