Calabozos como negocio: el motor criminal detrás de los presos políticos

Reyes Hernández, ganadero venezolano, declaró ante la justicia estadounidense tras la captura de Nicolás Maduro. En su caso, no solo habló del impacto en su cabeza de su terrible experiencia –durante más de cuatro años- dentro de uno de decenas de calabozos instalados por el régimen chavista en Caracas. Habló de una finca, de una oferta que rechazó y de un sistema que, según su denuncia, utilizó la tortura para intentar arrebatarle el patrimonio que su familia construyó durante décadas en los llanos de Apure.

Su historia resume una acusación que organizaciones nacionales e internacionales vienen documentando desde hace años y que certifica la existencia de estructuras de poder que convirtieron la prisión política en una herramienta para obtener beneficios económicos.

La denuncia de Hernández apunta directamente contra Diosdado Cabello, figura asociada directamente con la represión y la violación de derechos humanos en Venezuela. Según su relato a la cadena Univisión, a finales de enero pasado, todo comenzó en 2017 cuando intermediarios vinculados con el hoy Ministro de Interior y Justicia manifestaron interés en adquirir el hato Chaparralito, una propiedad de más de 3.300 hectáreas ubicada en una zona estratégica de la frontera colombo-venezolana.

Ubicado a 190 millas al norte de la frontera de Venezuela con Colombia, el rancho había pertenecido a la familia durante 30 años. Al momento del arresto de Hernández, tenía unas 7.500 cabezas de ganado y alrededor de 3.700 cabezas de búfalos de agua. Está idealmente ubicado en uno de los tramos más elevados de los llanos de Apure, lo que permite gran parte de sus tierras permanecer seca durante la época de lluvias cuando amplias zonas del estado sufren de inundaciones.

El rancho albergaba una operación lechera exitosa con una producción diaria de 8,000 galones y varios otros productos lácteos. Tiene acceso directo a caminos pavimentados, en un área donde la mayoría de los hatos solo cuentan con caminos de tierra, pero lo que realmente lo distingue es su pista de aterrizaje pavimentada, construida en 1967 para dar servicio a un matadero que entonces funcionaba en la propiedad.

Era una operación muy rentable, pero lo que realmente despertó el interés del expresidente de la Asamblea Nacional chavista, Diosdado Cabello, era la pista de aterrizaje, en la versión de Hernández.

Cabello enfrenta cargos de narcotráfico en los Estados Unidos, donde los funcionarios lo señalan como uno de los principales jefes del Cartel de los Soles. La justicia estadounidense, camuflada en las operaciones estrategias del gobierno de Donald Trump tras la captura y extracción de Nicolás maduro, actualmente ofrece una recompensa de $10 millones por su arresto.

Hernández recordó que sus problemas comenzaron en el 2017 cuando un general del ejército venezolano se le acercó por primera vez, diciéndole que tenía un mensaje para él y le dio un teléfono, y cuando Hernández contestó, se encontraría hablando con Cabello:

Oye compa, ¿cómo estás?”, le dijo. “Saludos, mira hermano, para hablar mejor, ¿tú puedes venir a mi programa (de televisión) la semana que viene en Maturín? Bueno, listo compa, yo le espero por aquí y aquí hablamos”.

Lo fueron a buscar pocos días después en un avión privado que aterrizó en su hato y lo llevaron hasta la ciudad oriental. Allí, lo llevaron hasta un auditorio y estuvo presente en primera fila en un evento televisado de Cabello. Después de una breve reunión con el jefe chavista, y aun cuando éste no le manifestó directamente su deseo de adueñarse del hato, su interés en las tierras se hizo evidente, y Hernández supo que tenía un verdadero problema en sus manos.

Amenaza velada

Su inquietud se intensificó poco después, cuando varios generales comenzaron a llamarle para informarle que tenía que vender. La oferta final provino de un supuesto asociado de Cabello, Luis Bracho, quien le dijo que estaba autorizado a ofrecer $13 millones por todo el hato y que a Hernández solo se le permitiría llevarse su ropa y a su padre muerto, cuyo cuerpo había sido enterrado en la propiedad.

Durante las conversaciones, Bracho le habría dicho a Hernández que él había estado negociando para comprar algunos de los hatos en el área y que los compradores eran todos “Gente del Sol”, lo que Hernández pensó que significaba que todos eran generales (los generales venezolanos usan insignias que se asemejan al sol), pero la referencia también podía significar que eran miembros del Cártel de los Soles.

Me dijo que sería una tontería de mi parte perder esta oportunidad”, relató Hernández. “Tú eres un hombre inteligente, no te pongas a luchar”, le dijo Bracho. Pero era una oferta que no podía aceptar. Las tierras eran el legado de su padre que antes de morir había pedido que la familia nunca saliera de ellas.

Tras hablarlo con su madre y hermanos, Hernández le notificó a Bracho que le agradecía la propuesta pero que él no podía vender. No sucedió mucho inmediatamente después, y después de algunas semanas, Hernández comenzó a pensar que Cabello y sus generales habían aceptado su decisión. Sin embargo, todo eso cambió el 11 de septiembre de 2017, cuando un equipo de 40 uniformados se presentó en su hato para buscar armas y aunque no encontraron nada y carecían de una orden de arresto, se lo llevaron hasta la sede del DGCIM en Caracas.

El maltrato comenzó casi de inmediato. Cuando llegó al edificio de Boleíta esposado, Hernández pidió usar el baño, explicándole a sus captores que se estaba recuperando de una cirugía gástrica reciente. Fue allí cuando se vio, siempre según su testimonio, de frente con Alexánder Enrique Granko Arteaga, oficial de inteligencia militar utilizado a menudo por el régimen para realizar tareas sucias.

Granko, quien ha sido señalado por organismos internacionales como autor de una serie de crímenes de lesa humanidad, incluidas torturas y ejecuciones extrajudiciales, rápidamente dejó entrever lo que estaba por venir. No solo le negó el baño, sino que le dijo: “Cágate para que te comas la mierda… Si te cagas te comes la mierda”.

En su versión, Hernández se resignó, sin estar seguro de poder aguantarse debido a su reciente cirugía, pero el oficial que le había traído se le acercó a Granko y le informó que el detenido en efecto tenía serios problemas de salud, y susurrando le agregó: “Mira vale, yo creo que lo mejor es que le prestes el baño porque ese carajo es inocente. Yo me lo traje para cumplir la orden pero si ese carajo se te llega a morir aquí…”.

Tras cuatro largos años, en medio de un proceso judicial irregular, Hernández logró escapar y asilarse en Florida, Estados Unidos, donde relató a quienes están dispuestos a escucharle cómo los funcionarios del Socialismo del siglo XXI utilizan el sistema de justicia del país para arruinar vidas. En el juicio fortalece la tesis de que Cabello forma parte de El Cartel de los Soles.

 ONG’s, foco de denuncias

Pero la tesis de que las detenciones arbitrarias son utilizadas como mecanismo de extorsión no proviene únicamente de las víctimas. La ONG venezolana Provea denunció reiteradamente que la ausencia de controles institucionales y la impunidad dentro de los organismos de seguridad permitieron la consolidación de redes de corrupción asociadas a detenciones arbitrarias, torturas y persecuciones.

El coordinador general de la organización, Óscar Murillo, advierte de manera permanente que la degradación del sistema de justicia venezolano creó condiciones para que estructuras de poder utilizaran la privación de libertad como instrumento de presión contra ciudadanos y empresarios.

Por su parte, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluyó en varios informes que funcionarios de inteligencia participaron en patrones sistemáticos de detención arbitraria, desaparición forzada temporal y tortura, identificando cadenas de mando que llegaban a los niveles más altos del Estado venezolano.

El Observatorio Venezolano de Prisiones también documenta cómo la opacidad del sistema penitenciario y la ausencia de controles judiciales efectivos favorecen la existencia de esquemas de presión económica sobre detenidos y familiares.

El expediente que salpica a “El Potro”

Las denuncias sobre el uso de la prisión para obtener beneficios económicos no se limitan al caso Hernández.

Una investigación recientemente publicada por El Pitazo reveló un presunto esquema encabezado por Antonio “El Potro” Álvarez durante su gestión en el sector hípico venezolano.

Según el reportaje, grupos empresariales vinculados con el negocio de las loterías, apuestas y plataformas tecnológicas fueron presuntamente obligados a cancelar hasta 2,5 millones de dólares para continuar operando dentro del país.

Las investigaciones periodísticas sostienen que quienes se negaron a aceptar esas condiciones comenzaron a enfrentar procedimientos policiales, investigaciones penales y detenciones.

Al menos siete empresarios y desarrolladores tecnológicos terminaron privados de libertad en medio de una disputa por el control de plataformas de apuestas y sistemas de procesamiento de datos. Las denuncias apuntan a que los expedientes judiciales habrían sido utilizados como mecanismo de presión para forzar acuerdos económicos y consolidar el control de un negocio multimillonario.

Productores convertidos en objetivos

El caso de Reyes Hernández tampoco es el único que involucra tierras. Durante años, asociaciones agropecuarias y dirigentes gremiales denunciaron la existencia de presiones contra propietarios rurales para vender fincas, aceptar asociaciones forzadas o abandonar explotaciones productivas.

La propia Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela advirtió en numerosas ocasiones sobre procesos de criminalización contra productores que terminaban enfrentando procedimientos judiciales, ocupaciones de tierras o acciones promovidas por estructuras vinculadas al poder político regional.

Aunque muchos de esos casos jamás alcanzaron repercusión internacional, organizaciones defensoras de derechos de propiedad sostienen que la amenaza de la persecución penal fue utilizada recurrentemente como mecanismo de presión económica.

Empresarios presos y negocios bajo control

Abogados penalistas venezolanos consultados por organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años un fenómeno similar en sectores financieros, comerciales y tecnológicos.

Empresarios detenidos bajo acusaciones de legitimación de capitales, asociación para delinquir o delitos económicos terminaban enfrentando negociaciones informales donde recuperar la libertad dependía de pagos millonarios, cesión de activos o acuerdos impuestos desde estructuras de poder.

Varias de estas denuncias fueron recogidas por organizaciones como Provea, Foro Penal y Transparencia Venezuela, que alertan sobre la utilización de instituciones judiciales y organismos de inteligencia para resolver disputas económicas mediante la coerción.

Cárcel como centro de operaciones

Lo que emerge al unir estas denuncias es un patrón inquietante: La detención deja de ser una consecuencia de un delito y se convierte en el punto de partida de una negociación. La celda funciona como mecanismo de presión. La tortura acelera los acuerdos. La amenaza judicial sustituye al contrato y la libertad adquiere un precio.

El testimonio de Reyes Hernández resulta especialmente devastador porque exhibe cada una de esas etapas: La oferta inicial, la negativa, la detención, la tortura, la exigencia económica, la manipulación judicial, la amenaza de una nueva captura y finalmente el exilio.

Por eso su declaración ante la justicia estadounidense trasciende la historia personal de un ganadero perseguido.

Su caso vuelve a abrir una pregunta que organismos internacionales, ONG venezolanas y numerosas víctimas llevan años formulando: ¿Cuántos presos políticos venezolanos fueron realmente encarcelados por razones ideológicas y cuántos terminaron convertidos en rehenes de una estructura que encontró en el miedo, la tortura y el cautiverio una de las formas más eficaces de enriquecimiento?

Esa es la pregunta que sigue persiguiendo al chavismo. Y es también la que explica por qué, para muchas víctimas, las cárceles venezolanas dejaron hace tiempo de ser centros de detención para convertirse en auténticas oficinas de extorsión administradas desde las entrañas del poder.