Exfuncionario chavista Xavier León es investigado por supuesta malversación de $16.900 millones en criptomonedas
Está señalado como presunto integrante de la red de corrupción conocida como el caso PDVSA-Cripto. Según las acusaciones, los ingresos provenientes de la venta de crudo habrían sido canalizados a través de criptoactivos y más de 70 empresas.
Xavier León Anchustegui, quien ocupó durante años cargos clave dentro de la estructura económica del chavismo, incluyendo viceministro de Finanzas, vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y gobernador alterno ante el Banco Mundial, se encuentra detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Está señalado como presunto integrante de la red de corrupción conocida como el caso PDVSA-Cripto, considerada una de las investigaciones más amplias en Venezuela en las últimas dos décadas, con montos que, según la organización Transparencia Venezuela, podrían alcanzar los 16.900 millones de dólares.
La investigación ha puesto además el foco en un contrato firmado en Caracas en diciembre de 2020, que vincula a León Anchustegui con el empresario Julio Martínez Martínez, identificado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de España como un presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El acuerdo fue suscrito entre BANDES y Landside Holding LTD, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas y vinculada a Martínez. En el documento, León Anchustegui figura como vicepresidente ejecutivo del banco estatal, mientras que Martínez aparece como presidente de la firma offshore.
El contrato tenía como objetivo la recuperación de fondos depositados por BANDES en el extranjero, específicamente a través de la gestora Noor Capital PSC, con sede en Abu Dabi. A cambio, Landside Holding recibiría una comisión del 8,75% sobre los montos recuperados, además de amplias facultades operativas, incluido poder notarial y la posibilidad de subcontratar asesores y consultores.
El caso PDVSA-Cripto
El llamado caso PDVSA-Cripto investiga un esquema mediante el cual Venezuela habría utilizado criptomonedas y estructuras financieras internacionales para comercializar petróleo entre 2019 y 2022, presuntamente con el objetivo de sortear sanciones internacionales.
Según las acusaciones, los ingresos provenientes de la venta de crudo habrían sido canalizados a través de criptoactivos y más de 70 empresas. Mientras la Fiscalía venezolana estima el desfalco en unos 5.550 millones de dólares, organizaciones como Transparencia Venezuela elevan la cifra hasta 16.900 millones, reflejando la magnitud de la discrepancia en los cálculos.
El proceso judicial, iniciado en abril de 2026 en Caracas bajo estrictas medidas de seguridad, incluye a 64 acusados. Entre ellos figura el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami, quien llegó a la audiencia inicial en silla de ruedas.
Durante el juicio han surgido denuncias sobre presuntas irregularidades en su detención. El Aissami ha alegado haber sido víctima de presiones y maltratos, acusaciones que incluyen señalamientos directos contra el fiscal general Tarek William Saab y otros funcionarios del Ministerio Público.
Además de El Aissami, también están procesados el exministro de Finanzas Simón Zerpa, el exdiputado Hugbel Roa y el exsuperintendente de criptoactivos Joselit Ramírez, entre otros. Los cargos incluyen traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
En paralelo, el Sebin detuvo a León Anchustegui junto a otros ex altos cargos del sector energético y financiero, en el marco de las investigaciones sobre la red.
Uno de los elementos que ha añadido complejidad al caso es el contrato de 2020, que establece vínculos entre funcionarios venezolanos y estructuras empresariales offshore. El documento ha despertado interés tanto en Venezuela como en España, donde se investiga la actividad de algunos de los actores mencionados.
La coincidencia temporal entre la firma del acuerdo y otras operaciones vinculadas a entidades estatales ha sido señalada por investigadores como un punto relevante dentro de la reconstrucción del entramado financiero.