Justicia argentina rechazó recurso de Cristina Fernández para frenar decomiso de bienes
La Cámara de Casación declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa. El decomiso alcanza más de 100 bienes relacionados con la causa Vialidad. La expresidenta aún puede acudir mediante recurso directo ante la Corte Suprema
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina rechazó este jueves 28 de mayo el recurso presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para intentar frenar el decomiso de bienes ordenado en la causa conocida como “Vialidad”, vinculada a irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Con la decisión judicial, el máximo tribunal penal argentino dejó firme el avance del proceso para ejecutar bienes valuados en más de 684 mil millones de pesos, monto que la Justicia considera parte del perjuicio económico ocasionado al Estado.
El fallo declaró “inadmisibles” los recursos extraordinarios presentados no solo por la defensa de la exmandataria, sino también por sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, así como por el empresario Lázaro Báez, todos alcanzados por las medidas patrimoniales derivadas de la investigación judicial.
La resolución ratifica decisiones previas tomadas por el Tribunal Oral Federal 2, que en noviembre de 2025 había ordenado el decomiso de propiedades, terrenos, hoteles y otros activos para cubrir el monto fijado por la condena por administración fraudulenta.
Según documentos judiciales, la medida alcanza un total de 111 bienes vinculados a Cristina Fernández, sus hijos y al empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado en el expediente. Entre los activos incluidos figuran inmuebles en Río Gallegos, propiedades en la Patagonia y bienes asociados a empresas investigadas en el caso.
La causa Vialidad derivó en diciembre de 2022 en la condena de Cristina Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia quedó firme en junio de 2025 tras la ratificación de la Corte Suprema argentina, lo que habilitó la ejecución de las sanciones económicas y patrimoniales.
Pese al nuevo revés judicial, la defensa de la expresidenta todavía puede intentar acudir directamente ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja para cuestionar la decisión de Casación.