Despojo de apartamento desnuda el doble drama de los presos políticos en Venezuela

José Breijo recuperó su apartamento, pero no sus pertenencias. Después de pasar dos años preso acusado de “terrorismo”, el uruguayo-venezolano José Breijo recuperó su libertad bajo régimen de arresto domiciliario. Pero al regresar a su apartamento en Bello Monte descubrió que la prisión no había sido el único castigo.

A sus 73 años, con problemas respiratorios y sin teléfono celular, Breijo tuvo que dormir el martes sobre un colchón en las áreas comunes del edificio Pascuareli, en Caracas, porque un funcionario de los que lo llevaron a prisión ocupaba el inmueble y le impedía entrar.

La denuncia pública hecha por el periodista y expreso político Carlos Julio Rojas y por la comunicadora Maryorin Méndez, en redes sociales, generó una importante presión y obligó a intervenir a funcionarios vinculados con la Presidencia durante la madrugada de este miércoles.

Horas después, el agente adscrito al Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) abandonó la propiedad y entregó las llaves. Pero el apartamento ya no era el mismo.

Breijo y Méndez ingresaron al inmueble y encontraron el lugar “completamente vacío” y en terribles condiciones. Se habían llevado muebles, electrodomésticos y pertenencias personales acumuladas durante años. No recuperó su hogar completo. Solo las paredes.

La escena provocó una reacción inmediata de voluntarios que comenzaron a donar colchones, utensilios y artículos básicos para que Breijo pudiera sobrevivir en la vivienda.

Carlos Julio Rojas exigió además una investigación penal. “Ahora exigimos la devolución de todas las pertenencias de este preso político, las cuales fueron sustraídas de la vivienda, y una investigación contra este policía corrupto”, declaró.

Hasta ahora no existe información oficial sobre el paradero de los objetos desaparecidos. Ni la identidad del funcionario, quien al parecer sigue en su puesto.

Una rebatiña entre funcionarios

La directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, Theresly Malavé, afirmó que el caso de Breijo refleja una práctica sistemática contra presos políticos y perseguidos por razones ideológicas.

“Aquí a todos los presos políticos los despojan de sus bienes”, denunció. “Se ocupan apartamentos, carros y propiedades sin esperar ningún proceso legal. Eso es una rebatiña entre funcionarios”.

Malavé aseguró que durante años existió temor de denunciar públicamente estos casos por miedo a represalias. “Uno mismo podía terminar preso o despojado”, afirmó.

Breijo estuvo detenido en la cárcel de Tocuyito, en Carabobo. Según activistas, el origen del caso habría sido una fotografía de una bandera relacionada con el conflicto entre Israel y Hamás. Terminó preso durante dos años.

El patrón se repite

El exdiputado opositor Williams Dávila denunció el pasado 19 de mayo que las autoridades le devolvieron su vehículo “totalmente desvalijado” tras más de un año detenido. “Cuando me capturaron estaba en perfectas condiciones. Hoy me lo entregan en una grúa”, expresó en entrevista con Infobae.

Dávila aseguró que muchos presos políticos también sufren destrucción de viviendas y desaparición de objetos personales durante allanamientos. La práctica también alcanza a dirigentes exiliados.

Andrés Izarra, chavista disidente, denunció que propiedades familiares fueron tomadas tras su ruptura con el madurismo y su salida del país. Una casa de playa en Caraballeda, heredada por su esposa, hija de Mitzi de Ledezma, terminó ocupada por personas vinculadas a la DGCIM.

Se llevan hasta los juguetes

Un reportaje de ArmandoInfo publicado en 2024 documentó múltiples casos similares.

Según la investigación, funcionarios de la DGCIM, el Sebin y la Policía Nacional Contra la Corrupción irrumpen en propiedades de opositores o exiliados sin órdenes judiciales y se apropian de bienes personales.

Vecinos entrevistados relataron al medio de investigación haber visto cómo funcionarios sacaban computadoras, televisores, ropa, vehículos y hasta juguetes infantiles en bolsas y cajas.

Las víctimas terminan perdiendo mucho más que una propiedad. Pierden recuerdos, patrimonio y cualquier sensación de regreso posible. José Breijo recuperó las llaves de su apartamento. Pero todo lo que había construido dentro ya no estaba allí.

Sin transparencia

Las denuncias sobre despojo de bienes también salpican el juicio por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, convertido en una de las mayores operaciones de confiscación patrimonial realizadas por el chavismo en años recientes, de acuerdo con las audiencias.

El Ministerio Público anunció la incautación de propiedades, empresas, vehículos y activos vinculados a figuras como Tareck El Aissami, Samark López y Simón Zerpa.

En paralelo, tribunales comenzaron procesos de extinción de dominio sobre decenas de bienes asociados a empresarios involucrados en la trama.

Entre las propiedades señaladas aparecen oficinas en torres empresariales de Caracas, apartamentos de lujo en Country Club y Valle Arriba, terrenos en Las Mercedes, galpones, edificios corporativos y pisos completos en centros financieros.

Las medidas han sido presentadas oficialmente como acciones anticorrupción. Pero abogados y organizaciones civiles advierten que el mecanismo de confiscación también ha sido utilizado sin transparencia, sin acceso oportuno a expedientes y sin garantías de defensa para propietarios o familiares.

El debate se intensificó tras la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, que permite al Estado tomar control de bienes vinculados a investigaciones penales incluso antes de una sentencia firme.

ALGUNAS CONFISCACIONES Y DESPOJOS DOCUMENTADAS

Bony Pertíñez e Iván Simonovis

Tras la fuga de Iván Simonovis hacia Estados Unidos en 2019, funcionarios del Sebin allanaron e incautaron la vivienda familiar ubicada en la urbanización La Florida, al norte de Caracas. La propiedad pertenecía a Bony Pertíñez a través de la empresa Pertíñez Heidenreich Publicidad C.A. Mientras ella estaba en Alemania, vecinos alertaron sobre la ocupación del inmueble. El abogado Enrique Perdomo fue arrestado tras acudir a la casa a intentar canalizar legalmente su entrega y eso le costó un año de prisión en El Helicoide. La dirigente vecinal Antonia Turbay, quien también intent mediar, también fue detenida. La familia denunció que jamás tuvo acceso al expediente ni posibilidad de defender la propiedad.

Diego Arria

En 2010, funcionarios del INTI y de la Guardia Nacional ocuparon la hacienda La Carolina, una finca de 373 hectáreas propiedad de Arria, ubicada entre Bejuma y Nirgua, estado Yaracuy. La propiedad era una finca modelo con producción lechera, sembradíos de café, más de 10.000 plantas de cítricos y una tienda turística. La expropiación ocurrió poco después de que Arria denunciara a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional. Su abogado, Rubén Rumbos, denunció amenazas armadas durante el operativo. Actualmente, la finca está prácticamente inoperativa y devastada.

Oswaldo García Palomo

Funcionarios de la Dgcim allanaron en 2018 la vivienda del coronel Oswaldo García Palomo en los Altos Mirandinos, donde vivían su esposa e hijo. Sin orden judicial, se llevaron computadoras, ropa y documentos. Luego ocuparon otras propiedades familiares: un apartamento en la urbanización El Rosal, Caracas, y una pequeña finca en El Palenque, estado Guárico. Según su esposa, Sorbay Padilla, hombres armados golpearon al cuidador de la finca y tomaron el terreno. Vecinos denunciaron presencia constante de vehículos negros y funcionarios entrando y saliendo de las propiedades confiscadas.

Gustavo Tovar

La residencia del activista y cineasta Gustavo Tovar en Sebucán, noreste de Caracas, fue ocupada por funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia tras su salida al exilio en 2012. La vivienda funcionaba como centro de reuniones del Movimiento Estudiantil y sede de organizaciones como Sin Mordaza y Futuro Presente. Durante el allanamiento, funcionarios se llevaron electrodomésticos, computadoras, vajillas y objetos personales sin mostrar orden judicial. Posteriormente, la propiedad fue convertida en sede del Servicio Nacional para el Desarme (Senades) y quedó bajo vigilancia permanente.

Dinorah Figuera

En 2023, funcionarios de la Dgcim forzaron la cerradura del apartamento de Dinorah Figuera en Caracas. Según relató desde el exilio en España, agentes comunicaron a vecinos del edificio que la vivienda ya no pertenecía a su dueña. La propiedad quedó bajo control de organismos de seguridad en medio de una ola de allanamientos contra dirigentes de la Asamblea Nacional opositora. Figuera denunció que el operativo buscaba intimidar y borrar cualquier posibilidad de retorno de los líderes políticos exiliados.

José Ignacio Hernández

La vivienda del exprocurador especial José Ignacio Hernández en Caracas fue allanada en dos oportunidades por funcionarios de la PNCC. En la primera visita colocaron una etiqueta de “Incautada” y cambiaron las cerraduras; en la segunda se llevaron documentos, ropa y bienes personales. Hernández denunció además el congelamiento de cuentas bancarias y la pérdida de acceso a documentos de identidad y pasaporte. Aunque la casa permanece vacía, vecinos aseguraron que milicianos acudieron posteriormente a limpiar y pintar la fachada para mantenerla bajo control del Estado.