Alfonso Hernández Ortiz | La democracia pendiente en Venezuela: Presos políticos y reconstrucción institucional

Una democracia no fracasa únicamente cuando encarcela ciudadanos por razones políticas, también fracasa cuando una sociedad termina acostumbrándose a ello.”

Imagínese buscar a un hijo durante dieciséis meses. Recorrer cárceles, tocar puertas, caminar pasillos, insistir frente a funcionarios, dormir con esperanza y despertar con miedo. Imagínese vivir más de un año entre rumores, silencio y angustia, para descubrir después una verdad devastadora: que su hijo había muerto bajo custodia tiempo atrás y que nadie se tomó siquiera la molestia de informárselo. Eso le ocurrió a Carmen Navas, madre de Víctor Hugo Quero. Lo buscó hasta el final. Murió pocos días después de conocer la noticia. Y debo confesar algo: hay historias frente a las cuales la política deja de ser una discusión ideológica y se convierte en una herida moral para un país.

Porque detrás de cada preso político existe algo más que un expediente judicial. Existe una silla vacía en una mesa, una madre que envejece esperando una llamada, un hijo que crece sin su padre, una esposa que aprende a sobrevivir entre tribunales, visitas y promesas. A veces siento que las cifras terminan anestesiándonos. Hablamos de listas, informes y estadísticas mientras olvidamos que cada nombre tiene rostro, historia y una vida suspendida detrás. Quizá allí comienza uno de los mayores peligros de Venezuela: acostumbrarnos. Hannah Arendt advertía que el riesgo más grave para una sociedad aparece cuando aquello que debía escandalizar deja de hacerlo y comienza a formar parte de la normalidad cotidiana. Y sospecho que algo de eso nos ocurrió.
Durante años organizaciones nacionales e internacionales han denunciado detenciones arbitrarias, violaciones de derechos humanos y procesos judiciales profundamente cuestionados.

Hace apenas días familiares de presos políticos acudían nuevamente a instituciones públicas denunciando retrasos procesales, presuntas torturas y condiciones inhumanas de reclusión. Estudiantes han salido a marchar reclamando libertad y una transición democrática. Madres siguen esperando respuestas frente a centros de detención. Pero incluso frente a esas imágenes siento que el país ha comenzado a desarrollar una peligrosa fatiga emocional. Al principio hubo indignación. Luego preocupación. Después cansancio. Y finalmente normalización. Y cuando una sociedad normaliza la prisión política, el problema deja de ser exclusivamente judicial para convertirse en una fractura democrática.

Recientemente Donald Trump prometió impulsar la liberación de todos los presos políticos venezolanos. Poco después comenzaron anuncios de nuevas excarcelaciones. Algunos recuperaron abrazos largamente esperados. Familias enteras lloraron frente a las puertas de cárceles y centros de detención. Y es imposible no alegrarse por ello. Pienso también en los exfuncionarios de la Policía Metropolitana, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar, quienes recuperaron su libertad después de más de dos décadas privados de ella tras los sucesos del 11 de abril de 2002. Veintitrés años. Me detengo en esa cifra porque cuesta procesarla. Veintitrés años son cumpleaños ausentes, hijos convertidos en adultos, padres fallecidos, familias fracturadas y una vida suspendida mientras el país siguió avanzando afuera.

Pero incluso en medio de esas liberaciones me asalta una pregunta incómoda: ¿qué significa recuperar la libertad después de veinte años?, ¿cómo se devuelve el tiempo?, ¿cómo se repara una infancia perdida, una familia rota o una madre que murió esperando? Michel Foucault explicaba que el poder no opera únicamente castigando, también administra tiempos, cuerpos y expectativas. Decide quién entra, quién sale y bajo qué condiciones ocurre cada cosa. Y esa reflexión me parece dolorosamente vigente. Porque liberar personas es un acto necesario y profundamente humano, pero desmontar las estructuras que hicieron posibles esas cárceles es una discusión mucho más compleja. Lo primero alivia dolores inmediatos. Lo segundo transforma países.

Aquí la clase política, tanto oficialista como opositora, tampoco puede escapar a una revisión crítica. Durante años la libertad de muchos venezolanos terminó atrapada entre diálogos, negociaciones, acuerdos y cálculos políticos. A veces los presos fueron incorporados como símbolos, banderas o elementos de presión dentro de procesos más amplios. Pero los derechos humanos no pueden administrarse como piezas intercambiables. La libertad no debería depender de mesas de negociación ni de coyunturas geopolíticas. John Rawls afirmaba que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales”. Y justamente allí encuentro una de nuestras mayores deudas. Porque el verdadero debate no consiste únicamente en cuántos presos han salido ni cuántos faltan por salir. La pregunta más importante es otra: ¿qué garantías existen para impedir que mañana aparezcan nuevos presos políticos?

Y aquí me permito una reflexión profundamente personal. Durante años fui articulista de opinión crítico del régimen. Escribí, cuestioné y asumí posiciones públicas sabiendo perfectamente las posibles consecuencias. Siempre pensé que podía terminar preso o muerto. Y confieso que, más allá de lo que yo pudiera soportar individualmente, había algo que me golpeaba mucho más fuerte: pensar en mis padres, en mi esposa, en mis hijos. Porque cuando uno asume las consecuencias de su profesión y de sus convicciones, descubre algo doloroso: la prisión política nunca encarcela a una sola persona. También encierra familias enteras. Fractura hogares. Produce miedo, ansiedad, traumas y heridas que pueden tardar años en sanar. Mi decisión de marcharme al exilio no fue únicamente una decisión política. Fue también una decisión profundamente humana. Porque entendí que el costo podía dejar de recaer sobre mí y comenzar a caer sobre quienes más amo.

Por eso, cada vez que leo un nombre nuevo o veo a una madre esperando frente a una cárcel, inevitablemente pienso que detrás hay una familia viviendo una condena silenciosa. Mi solidaridad está con quienes aún siguen detenidos, con quienes recuperaron su libertad después de años de sufrimiento y con las familias de aquellos que murieron bajo custodia esperando justicia.
Prohibido olvidar.

Porque el día que una sociedad olvida a sus presos políticos, comienza lentamente a encarcelar también su memoria.

En democracia, los responsables deben responder ante la justicia. No por venganza. No por revancha. Sino porque los países que olvidan sus heridas terminan condenados a repetirlas.
Porque una democracia no se reconstruye únicamente abriendo las puertas de una cárcel. También se reconstruye cerrando para siempre las grietas institucionales que permitieron que ciudadanos terminaran dentro de ella.
Alfonso Hernández Ortiz
Politólogo, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales