Malí entra en alerta máxima tras ofensiva yihadista y el asesinato del ministro de Defensa
El gobierno de Malí enfrenta su crisis de seguridad más grave desde 2020 tras una oleada de ataques coordinados por grupos yihadistas y separatistas. La ofensiva, que resultó en la muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara, y la presunta toma de la ciudad estratégica de Kidal, ha forzado a las autoridades a imponer medidas de excepción en la capital, Bamako, y otras regiones afectadas
Una serie de ataques simultáneos ejecutados durante el domingo 26 de abril ha sumergido a Malí en una profunda crisis de seguridad. La ofensiva, atribuida a la coalición entre el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (Jnim), filial de Al Qaeda, y grupos separatistas del Frente de Liberación de Azawad (FLA), ha golpeado el corazón del aparato militar del país.
Según informes oficiales, el ministro sucumbió a sus heridas tras un intenso intercambio de disparos en el que intentó repeler a los atacantes. Este hecho marca el golpe más severo contra la junta militar desde su llegada al poder.
Simultáneamente, en el norte del país, los rebeldes separatistas del FLA anunciaron el control total de la ciudad de Kidal, un bastión históricamente disputado que había sido recuperado por el ejército maliense y mercenarios rusos en 2023. La retirada de las fuerzas estatales de esta zona estratégica representa un retroceso significativo en los esfuerzos de estabilización territorial.
El suceso más crítico se registró en las afueras de la capital, Bamako, donde un asalto directo contra la residencia oficial del ministro de Defensa, Sadio Camara, resultó en su fallecimiento.
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades han impuesto un toque de queda de tres días en Bamako y han suspendido actividades masivas, incluyendo eventos deportivos nacionales. Mientras el ejército asegura haber "neutralizado a cientos de terroristas" en contraofensivas, la comunidad internacional observa con preocupación la expansión de la violencia desde las zonas rurales hacia los centros urbanos y la capital.
La actual administración militar, que justifica su permanencia en el poder por la necesidad de garantizar la seguridad nacional, enfrenta ahora el desafío de contener una amenaza insurgente que parece haber ganado capacidad de coordinación y alcance estratégico.