ONG denuncia “control político del Ministerio Público” tras designación de nuevo Fiscal General
Condenaron que “sin independencia real ni contrapesos, la justicia deja de ser un derecho para convertirse en una herramienta de gestión política”. La ONG Un Mundo sin Mordaza reclama que Devoe simboliza “la continuidad de la impunidad y el control político del Ministerio Público”
Tras conocerse la designación de Larry Daniel Devoe Márquez como fiscal general de la República y a Eglée González Lobato como defensora del pueblo por parte de la Asamblea Nacional, organizaciones no gubernamentales criticaron la “continuidad del control chavista” en ambos organismos.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), a través de su coordinadora general Martha Tineo, consideró que las designaciones “terminan de desdibujar la frontera entre el poder político y la Justicia en Venezuela”.
La organización subrayó que “no se buscaron perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos”, citó Infobae.
“Es muy difícil que las víctimas sientan confianza cuando el nuevo Fiscal ha pasado años frente a la ONU y la CIDH tratando de matizar denuncias graves o negando la existencia de presos políticos bajo argumentos de defensa institucional”, destacó la ONG en su cuenta de X.
También apuntan que “la verdadera legitimidad de estos cargos no debería depender solo de una firma en la Asamblea Nacional, sino de un proceso de selección que la gente pueda auditar. Sin embargo, las evaluaciones ocurrieron a puerta cerrada, convirtiendo la participación ciudadana en un saludo a la bandera”.
“Para cualquier venezolano, esta situación genera una sensación de orfandad jurídica”, destaca la organización. Y agregan: “Al final, lo que estamos viendo es un sistema que se cierra sobre sí mismo: el Estado investiga sus propios excesos y se absuelve a conveniencia”.
Condenaron que “sin independencia real ni contrapesos, la justicia deja de ser un derecho para convertirse en una herramienta de gestión política, dejando a la sociedad civil sin espacios donde exigir sus garantías básicas”.
Por su parte, la ONG Provea indicó, por intermedio de su coordinador general Oscar Murillo, que Devoe Márquez constituye “un funcionario de absoluta confianza” de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Murillo lo describió como un “funcionario multicargos” y denunció sus “actitudes despectivas” frente a las organizaciones que documentan abusos estatales.
“Su acercamiento al mundo de los derechos humanos ha sido desde la posición arrogante de quien ostenta poder”, afirmó Murillo, y concluyó que Devoe “no representa el perfil” que Venezuela necesita desde la perspectiva de derechos humanos.
En la misma línea, la ONG Mundo Sin Mordaza difundió un comunicado oficial en el que denunció que los nombramientos representan “la consolidación de la captura política del Poder Ciudadano y la demolición de la independencia institucional en Venezuela”.
La organización advirtió que, bajo el pretexto de una supuesta “normalidad institucional”, el oficialismo designó figuras que “no garantizan la autonomía frente al poder”.
En concreto, señaló que Devoe simboliza “la continuidad de la impunidad y el control político del Ministerio Público”, mientras que el perfil de González Lobato “no satisface el requisito constitucional de competencia manifiesta en materia de derechos humanos”.
Entretanto, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, acusó al recién nombrado fiscal general de Venezuela, el abogado Larry Devoe, de ser “cómplice por años” de “todas las atrocidades del chavismo”.
Guanipa subrayó que en 2014 Devoe fue designado secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cargo en el que, según el opositor, “ignoró” y se “burló” de “miles de venezolanos que han sido torturados por el chavismo”.
En este sentido, afirmó que en 2014 y 2017 Devoe tampoco “dijo nada” sobre personas que fueron asesinadas en el marco de una serie de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Además, indicó que, en 2019, el nuevo fiscal le prohibió la “entrada a la Cidh (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)” para que no se reportara “todo lo que el chavismo le estaba haciendo a los venezolanos”.
Guanipa añadió que Devoe no se pronunció después de que Maduro se “robara” las presidenciales de 2024 y se desatara una crisis poselectoral que, aseguró, dejó a “más de tres mil” personas detenidas, incluyendo a menores de edad, y “más de 30” muertos.
“Venezuela necesita un fiscal general que ponga la ley primero que la política, no uno que tenga como política destruir la ley (...). Venezuela tiene que pasar, de una buena vez, la nefasta página de una Fiscalía usada para el poder”, dijo Guanipa.