ONG contabiliza 386 incidentes contra la libertad de expresión en el país
El informe señala que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sistemático de restricciones. Los datos muestran dos grandes frentes de afectación: acciones directas contra personas y control del ecosistema informativo. El documento también advierte sobre el aumento de la vigilancia digital y la criminalización de opiniones en redes sociales
La organización Un Mundo Sin Mordaza documentó 386 incidentes contra la libertad de expresión en Venezuela durante 2025, los cuales derivaron en 523 violaciones a este derecho fundamental, evidenciando un entorno restrictivo sostenido en el país.
El informe señala que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sistemático de restricciones, caracterizado por la combinación de censura digital, detenciones, hostigamientos y mecanismos de control informativo. Esta tendencia ya había sido advertida en reportes previos, donde la organización identificó una política de represión sostenida contra la expresión y el acceso a la información.
Los datos muestran dos grandes frentes de afectación: acciones directas contra personas y control del ecosistema informativo.
En total se contabilizaron 166 casos en bloqueos y ataques a páginas web, aplicaciones y redes sociales, 161 casos de detenciones de periodistas o ciudadanos, otros 52 casos de amenazas, hostigamientos y agresiones y siete casos restricciones a medios tradicionales
La organización subraya que la repetición de estos hechos en el tiempo confirma un esquema continuo de presión, orientado a limitar la circulación de información y disuadir la participación pública.
El entorno digital se ha convertido en uno de los principales focos de restricción. El informe identifica al menos 126 incidencias técnicas relacionadas con bloqueos de acceso a contenidos en Internet mediante mecanismos como DNS, HTTP/HTTPS y TCP/IP.
Estas acciones afectan no solo a periodistas, sino también al acceso general de la ciudadanía a la información, impactando el derecho colectivo a informarse.
Asimismo, se denuncia el bloqueo de plataformas digitales y el uso simultáneo de estas por actores vinculados al poder para difundir contenidos oficiales, lo que, según la ONG, distorsiona el debate público y limita el pluralismo.
El documento también advierte sobre el aumento de la vigilancia digital y la criminalización de opiniones en redes sociales, lo que genera temor a represalias y fomenta la autocensura.
Otro de los puntos destacados es la persecución de contenidos relacionados con el mercado cambiario. Desde mayo de 2025, el informe reporta detenciones, bloqueos de plataformas y restricciones a sitios que difundían el tipo de cambio paralelo.
De acuerdo con la organización, estas acciones forman parte de una estrategia que criminaliza la difusión de información económica, afectando el derecho de los ciudadanos a recibir datos relevantes sobre la situación del país.
En conjunto, el informe concluye que las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela responden a una dinámica estructural y sostenida, con la participación de múltiples actores y mecanismos que refuerzan el control sobre la información y el debate público.