Reuters: Exlegislador estadounidense se enfrenta a juicio por lobby ilegal con gobierno venezolano
Fiscales sostienen que en 2017 Rivera recibió cerca de 20 millones de dólares de una filial estadounidense vinculada a Pdvsa para influir en funcionarios del gobierno estadounidense y suavizar la política de Washington hacia Caracas. El actual secretario de Estado, Marco Rubio, podría ser llamado a testificar sobre reuniones que mantuvo con Rivera, su excompañero de habitación en el pasado, en el contexto de este presunto esquema de lobby
El exlegislador estadounidense David Rivera enfrentó este lunes un juicio federal en Miami al ser acusado de realizar actividades de lobby ilegal para evitar sanciones contra el gobierno venezolano.
Rivera, de 60 años de edad y con un pasado como miembro de la Cámara de Representantes por Florida entre 2011 y 2013, fue arrestado en 2022 y se declaró no culpable de los cargos que incluyen violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y conspiración para lavar dinero. El proceso se espera que se prolongue por semanas.
De acuerdo con Reuters, los fiscales sostienen que en 2017 Rivera recibió cerca de 20 millones de dólares de una filial estadounidense vinculada a la petrolera estatal venezolana Pdvsa para influir en funcionarios del gobierno estadounidense y suavizar la política de Washington hacia Caracas, sin haberse registrado como agente extranjero, como exige la ley.
El caso también ha destacado el posible papel en estos esfuerzos de figuras políticas de alto perfil. La fiscalía ha señalado que el actual secretario de Estado, Marco Rubio, podría ser llamado a testificar sobre reuniones que mantuvo con Rivera, su excompañero de habitación en el pasado, en el contexto de este presunto esquema de lobby.
La defensa de Rivera ha rechazado las acusaciones, argumentando que no tenía la obligación de registrarse porque su trabajo se centraba en consultoría para una empresa estadounidense vinculada a Pdvsa y que sus gestiones buscaban –según ellos– apoyar a la oposición venezolana para presionar por cambios políticos en el país suramericano.
De acuerdo con las autoridades, los esfuerzos de Rivera incluían organizar reuniones entre funcionarios venezolanos y políticos estadounidenses como parte de un contrato de consultoría, aunque esas gestiones no impidieron que la administración de Donald Trump reforzara las sanciones económicas contra Venezuela.
Rivera permanece libre bajo fianza mientras se desarrolla el proceso judicial, un caso que no solo pone de relieve las posibles vulneraciones de la legislación estadounidense sobre agentes extranjeros, sino también las redes de influencia política vinculadas a intereses extranjeros dentro del sistema político de Estados Unidos.