Asamblea Nacional contabiliza 217 presos liberados y levantamiento de 3.934 medidas cautelares
Organizaciones como Foro Penal, que monitorea la situación de los presos políticos, han indicado cifras más bajas de excarcelaciones concretamente verificadas. Hasta el momento, el proceso ya ha resultado en 185 liberaciones de personas que estaban privadas de libertad y 3.266 libertades plenas para personas que tenían medidas cautelares. La ley fija que los tribunales competentes deben resolver las solicitudes en un plazo no mayor a 15 días
La Comisión Especial de Seguimiento y Cumplimiento de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela ha recibido una gran cantidad de solicitudes para acogerse a los beneficios de la ley aprobada la semana pasada. Según el diputado Jorge Arreaza, presidente de esta comisión, hasta la fecha se han recibido 6.487 casos en total desde que entró en vigor la normativa tras su aprobación por unanimidad en el Parlamento.
De acuerdo con el diputado, Jorge Arreaza en total han sido beneficiadas 4.151 personas, entre ellas 3.934 que tenían medidas cautelares y otros 217 que estaban tras las rejas.
Hasta el momento, el proceso ya ha resultado en 185 liberaciones de personas que estaban privadas de libertad y 3.266 libertades plenas para personas que tenían medidas cautelares, como arresto domiciliario o régimen de presentación ante tribunales.
La Ley de Amnistía, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, contempla beneficios para quienes participaron en distintos hechos políticos considerados por la normativa, pero excluye a personas vinculadas a delitos graves como homicidio, narcotráfico, violaciones de derechos humanos y rebelión militar.
La ley fija que los tribunales competentes deben resolver las solicitudes en un plazo no mayor a 15 días y, para los casos que no encuadren directamente en los supuestos contemplados, fue creada una comisión parlamentaria encargada de evaluarlos y recomendar su inclusión o exclusión. Arreaza ha reconocido que será “imposible” cubrir y resolver todos los casos, dado el volumen y la complejidad de las solicitudes.
Organizaciones como Foro Penal, que monitorea la situación de los presos políticos, han indicado cifras más bajas de excarcelaciones concretamente verificadas y han denunciado dificultades en la tramitación judicial de muchos expedientes, así como la persistencia de detenciones que consideran arbitrarias.
La aplicación de esta ley se da en un contexto de tensiones entre el gobierno, sectores de la oposición y grupos de derechos humanos, que han criticado tanto el alcance como la ejecución del proceso, a pesar de los avances registrados en liberaciones y levantamiento de medidas restrictivas.