Protestas en EE. UU. contra iniciativa de Trump para convertir depósitos en cárceles de inmigrantes
La propuesta de la Administración del presidente Donald Trump de transformar depósitos y almacenes en centros de detención para inmigrantes ha generado rechazo en gobiernos locales, estatales y organizaciones civiles de todo Estados Unidos. El plan, que forma parte de la denominada Iniciativa de Reingeniería de la Detención (DRI), contempla un presupuesto de 38,300 millones de dólares y busca crear instalaciones no tradicionales para agilizar la detención y deportación de migrantes.
En Surprise, Arizona, donde se planea habilitar un centro con capacidad para 1,500 personas, cientos de residentes se manifestaron ante el Concejo municipal preocupados por la seguridad de las escuelas cercanas, el impacto en los servicios públicos y la disminución del valor de las propiedades.
El alcalde, Kevin Sartor, aseguró que “no quieren otro centro más en Arizona”. Grupos de derechos humanos, como la Coalición de Derechos Humanos de Arizona, recordaron el historial de fallecimientos en el Centro de Detenciones de Eloy y denunciaron la opacidad del proceso.
En otros estados, la oposición también se hizo notar. En Merrimack, New Hampshire, la gobernadora demócrata Kelly Ayotte ha recibido solicitudes de información sobre la compra de un almacén, y la fiscal de Arizona, Kris Mayes, junto con la congresista Adelita Grijalva, pidieron respuestas formales a ICE sobre la adquisición de propiedades.
En Florida, los representantes federales Maxwell Frost y Darren Soto enviaron una carta al DHS oponiéndose al establecimiento de centros en Orlando, citando “abuso e injusticias documentadas” en instalaciones previas como 'Alligator Alcatraz'. Por su parte, el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, señaló que, al tratarse de una acción federal, el municipio no podría impedirla.
En Texas, después de la presión de activistas, una inmobiliaria cerca de Dallas decidió no vender su almacén al gobierno, que hubiera permitido alojar a más de 9,000 migrantes, lo que habría convertido al centro en el mayor del país. No obstante, el DHS logró adquirir un depósito en El Paso, Texas, con capacidad para 8,500 personas.
El plan del DHS contempla, en total, la compra y renovación de ocho grandes centros de detención, 16 sitios de procesamiento y 10 instalaciones llave en mano, buscando ampliar la capacidad de detención y agilizar los procesos de deportación, mientras enfrenta la oposición de comunidades y legisladores preocupados por sus efectos sociales y humanitarios.
