El chavismo intenta aprobar una Amnistía selectiva, que no repara y que no desmonta el aparato represor

La Asamblea Nacional de Venezuela busca aprobar el proyecto de Ley de Amnistía 2026, fundamentado en el artículo 187, numeral 5 de la Constitución, ¿el objetivo declarado? de promover la convivencia y la paz entre los venezolanos. El proyecto, compuesto por trece artículos, establece en su exposición de motivos que la amnistía busca la "reconciliación nacional, la convivencia democrática y la paz social".

Pero hay fisuras que ya están denunciando expertos en leyes más allá de las expectativas centradas en las excarcelaciones, quienes advierten que la iniciativa carece de mecanismos de verdad, reparación y garantías de no repetición, elementos esenciales en procesos de justicia transicional, lo que podría limitar su impacto social real.

El artículo 6 define como amnistiables hechos violentos cometidos entre 1999 y 2026, sin exigir proporcionalidad entre el delito y su motivación política, lo que podría generar amnistías selectivas o politizadas, advierten los críticos.

Por su parte, el artículo 8 establece la extinción automática de todas las acciones penales, administrativas, disciplinarias y civiles, incluyendo autores y partícipes, lo que podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y la separación de poderes.

El proyecto también confiere al Poder Judicial la implementación de la ley (artículos 9 y 12) y permite la supresión de registros y antecedentes (artículo 11), una medida que especialistas consideran que puede afectar la memoria histórica y limitar investigaciones futuras.

Así lo ha señalado el Dr. Adriano Ruiz Guillén, perseguido político en el exilio y autor del análisis del proyecto "Amnistía 2026, la paz sin justicia", que sostiene que la ley configura una amnistía amplia y automática, pero con escasos contrapesos institucionales y una débil consideración de los derechos de las víctimas.

Según Ruiz Guillén, la iniciativa representa una "paz sin justicia", ya que no cuestiona ni modifica las estructuras estatales responsables de la represión ni garantiza una reparación integral.

Además, la ley no anula el entramado de leyes represivas vigentes ni desmantela los aparatos estatales que han criminalizado la protesta, dejando abiertas las herramientas jurídicas para futuras detenciones de movimientos sociales, sindicales o populares.

Delsa Solórzano, abogada, política y exdiputada de la AN por la oposición, también ha sumado argumentos contra una Amnistía que, en parte ha sido una orden desde Washington que ejerce un tutelaje para la transición en Venezuela, pero que el chavismo trata de diseñar, en varios tramos, a su medida.

La también dirigente opositora del partido Encuentro Ciudadano, ha señalado que el proyecto es insuficiente y perjudicial porque limita la amnistía a hechos específicos, condiciona la libertad al sistema judicial que persiguió a los disidentes y no garantiza el regreso seguro de los exiliados ni la derogación del marco represivo que permitió persecuciones políticas.

Y su enfoque caza con la propuesta del propio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien ya advirtió que los venezolanos que decidieron emigrar y solicitar asilo o el estatus de protección temporal (TPS) en los Estados Unidos, no podrían entrar en el plan de la Aministía si resultan deportados de Venezuela por el Gobierno de Donald Trump.

Rodríguez aseguró que el proceso excluye a quienes el régimen considere responsables de "traición" o "crímenes contra la paz". Dijo que él mismo tuvo acceso a planillas que rellenaron venezolanos en su búsqueda de protección en norteamérica:

"Hay hasta una planilla donde dicen: ‘soy perseguido político del régimen de Nicolás Maduro’. Yo he visto esa planilla", apuntó.