Beatriz Becerra | Pedro Sánchez, corresponsal de sí mismo en The New York Times

No ha optado por una comparecencia detallada ante el Congreso, ni ha presentado un informe exhaustivo sobre impactos, costes, planificación o evaluación. Ha preferido un escenario cómodo y resultón: ese diario diletante al que le gusta calificarse de progresista y global, siempre dispuesto a amplificar relatos morales amables de líderes europeos que confirman sus propios prejuicios ideológicos.

España, una vez más, convertida en material narrativo ficcionado para consumo internacional.

Nuestro presidente del Gobierno comienza su “ensayo invitado”, cómo no, autorreferenciándose para dejar claro por qué y dónde está el foco: “Imagina que eres el líder de un país y te enfrentas a un dilema”.

Es decir, que la cosa va de él.

Y enlaza con una apelación directa a la empatía y a un imaginario compartido de convivencia cotidiana o de anuncio de publicidad institucional: inmigrantes que cuidan ancianos, trabajan, plantan, recogen alimentos, juegan al fútbol con niños españoles…

Unas pinceladas acogedoras para conectar emocionalmente con quien quizá nunca haya visitado las colas en oficinas de extranjería ni los pisos patera donde se hacinan familias enteras en barrios periféricos.

Sánchez describe a medio millón de personas viviendo “en España sin permiso de residencia” y afirma que su Gobierno les ha concedido una “vía rápida y sencilla para regularizar su estatus migratorio”. La narrativa moralista simplificada es clara: como “la nuestra fue una historia de emigrantes” y “Occidente, con demografía estancada, necesita gente”, lo suyo viene a ser la síntesis fetén de deber ético y cálculo económico.

O abrir las fronteras o empobrecerse como sociedad.

Hasta aquí, la pieza podría funcionar como una narración eficaz al servicio de la huida hacia afuera del presidente del Gobierno. Pero el problema es que no se compadece con la verdad ni con los hechos verificables.

Sánchez presenta la regularización como una opción ética largamente meditada. Sin embargo, la realidad es que su gobierno lleva años conviviendo con esa irregularidad estructural sin convertirla en prioridad política.

Miles de personas han quedado atrapadas en laberintos administrativos, oficinas colapsadas, permisos que no llegaban, contratos que no podían firmarse. La irregularidad no se ha combatido activamente en ningún momento.

Quiere que veamos la regularización como un acto de justicia histórica: “como nuestros abuelos hubieran esperado encontrar al otro lado de sus fronteras”. Sin embargo, esa apelación moral choca con años de vaivenes en política migratoria, en los que su gobierno no ha puesto en el centro de la agenda una reforma profunda del sistema de extranjería ni de los medios para la integración real.

Sánchez afirma que “casi dos de cada tres españoles creen que la inmigración representa una oportunidad o una necesidad” para España. Ese dato pretende mostrar respaldo social amplio a su política. Pero lo cierto es que esa cifra ha sido construida a partir de un informe europeo que no menciona siquiera esa política específica de regularización masiva que él defiende.

Los porcentajes que Sánchez combina para producir ese “casi dos de cada tres” —19 % que ven la inmigración como oportunidad y 44 % que la describen como algo que debe ser gestionado— no dejan de ser un malabarismo efectista más. Suma dos categorías que, por separado, no son equivalente directo al respaldo explícito de la regularización de migrantes en el contexto descrito. Sacar la conclusión de que existe un “respaldo mayoritario” sin explicar la metodología es una forma de usar datos para reforzar una narrativa política interesada.

Hay un aspecto en el que merece la pena detenerse: Sánchez usa la historia migratoria de España como referente y precedente legitimador de una política de apertura. Es una metáfora poderosa: ser de un país que fue exportador de personas puede sugerir que ahora debe ser receptor.

Pero (ay) la Historia no es política pública, y aquí es donde el discurso empieza a diluirse en retórica, porque la política real con la que convive el gobierno que preside es de externalización de fronteras, refuerzo de controles y acuerdos con terceros países para contener flujos migratorios con ingentes desembolsos.

Predicar acogida y solidaridad en Manhattan y practicar disuasión en el Estrecho no es compatible. Pero ya sabemos que la distancia entre el discurso internacional y la gestión doméstica no es accidental: es sistémica.

Por otro lado, conmueve leer a nuestro presidente reivindicando que España ha sido “la economía de mayor crecimiento en Europa” gracias a una “agenda inclusiva”. Simplificar realidades complejas es la más básica definición de populismo.

El crecimiento de nuestro país responde a una combinación de factores: coyuntura económica global, inversión extranjera, políticas fiscales y, sí, mano de obra que cubre nichos productivos específicos. Pero ningún análisis serio vincula directa y exclusivamente esa prosperidad al fenómeno migratorio sin matices, ni sin evaluar en qué condiciones de trabajo, brechas de derechos y desigualdades internas se produce.

Sánchez también simplifica a su adversario contraponiendo su visión “abierta” a la de los “líderes estilo MAGA” que supuestamente prefieren deportar y cerrar fronteras. Pero reducir todas las dudas o críticas que esta iniciativa suscita (capacidad de servicios públicos, planificación urbana, seguridad social o integración cultural) a un posicionamiento de “extrema derecha” elude confrontar debates legítimos que existen tanto en el centro como en la izquierda.

El forzado binarismo “extrema apertura” o “cierre total” sobre política migratoria es irreal y sectario. Hay múltiples posiciones intermedias que merecen ser sometidas a debate y escrutinio riguroso. De ningún modo caricaturizadas.

Decir que “necesitamos inmigrantes” es una obviedad como observación demográfica. Por supuesto que los inmigrantes sostienen sectores esenciales, cuidan mayores, mantienen cotizaciones, cubren vacantes. En definitiva, son necesarios para que el sistema no colapse.

Pero que el presidente del gobierno de España establezca el utilitarismo funcional como núcleo de su ensayo no es precisamente humanista, y no construye ciudadanía. Habla de productividad e inserción laboral, pero no de movilidad social, de representación, de acceso real a vivienda o de segregación educativa.

El alegato de Sánchez concluye con una llamada a la elección entre sociedades “cerradas y empobrecidas” o “abiertas y prósperas”. Es un cierre que busca elevar el debate a categorías casi filosóficas de destino colectivo. Pero esa elevación se evapora precisamente por la ausencia de coherencia con la práctica política nacional.

La retórica de apertura y prosperidad necesita algo más que metáforas morales o cifras construidas: necesita políticas robustas de integración, acompañamiento social, acceso a servicios y rendición de cuentas sobre objetivos e impactos reales.

Para mí, la pregunta verdaderamente política es cómo hacemos posible lo necesario. Con qué derechos, con qué servicios, con qué límites. Con qué evaluaciones. Con qué responsabilidades. Yo no he encontrado nada de eso en el cuerpo de este inopinado artículo.

Tampoco tengo la respuesta. Pero sé que tiene que estar en la arena del auténtico debate público. Con participación ciudadana real, datos y metas transparentes, y, por supuesto, con evaluación crítica constante.