Venezuela cierra 2025 con más de mil presos políticos pese a excarcelaciones, advierte ONG
Aunque la verificación de las excarcelaciones representó un alivio para algunas familias, 877 hombres y 164 mujeres continúan privados de libertad sin criterios jurídicos claros. Afirman que también hay 31 adultos mayores detenidos
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que, con un registro de más de mil presos políticos en Venezuela, el país cierra el año con procesos de excarcelaciones marcados por la opacidad, al verificarse solo 71 liberaciones frente a las 99 anunciadas oficialmente sin respaldo técnico.
Según su reciente informe, durante la auditoría se identificaron 28 casos previamente desconocidos, lo que confirma que la magnitud de la crisis de derechos humanos en Venezuela es dinámica y superior a los registros disponibles. La ONG reiteró que sus cifras son referenciales y que el número real de presos políticos podría ser mayor.
Aunque la verificación de las excarcelaciones representó un alivio para algunas familias, 877 hombres y 164 mujeres continúan privados de libertad sin criterios jurídicos claros.
Desde una perspectiva humanitaria, la organización calificó el balance como desolador, al destacar que solo dos de los 91 presos políticos con enfermedades graves fueron beneficiados, y que permanecen detenidos dos adolescentes, 42 extranjeros y 49 venezolanos con doble nacionalidad, además de la exclusión de periodistas y defensores de derechos humanos.
La ONG alertó que la selección de excarcelados se limitó a detenidos del contexto poselectoral, profundizando el olvido de quienes llevan años presos.
A esto se suma el impacto emocional generado por la falta de transparencia, lo que calificó como tortura psicológica de la esperanza frustrada, agravada por recientes denuncias de castigos arbitrarios y aislamientos, en un cierre de año marcado por la incertidumbre y la indefensión.
Por su parte, aseguran que hay 31 adultos mayores en condición de presos políticos. El más reciente de estos, detenido el 19 de diciembre en Caracas, se trata de Omar Escalante, presidente de la Federación de Trabajadores de Carabobo (Fetracarabobo) y de 70 años de edad.
Escalante acudió voluntariamente a un tribunal para cumplir con su régimen de presentación antes de quedar detenido, a pesar de que su salud sufrió un deterioro notable durante una reclusión previa en la cárcel de Ramo Verde.
La abogada Marta Tineo, directora de JEP, recordó que el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal prohíbe expresamente a los jueces decretar la privación judicial preventiva de libertad para personas mayores de 70 años, y ordena en su lugar la detención domiciliaria como medida de protección. Sin embargo, la realidad de los adultos mayores presos políticos en el país evidencia el irrespeto sistemático a estas normas y a las medidas humanitarias por razones de salud.