The Washington Post: Maduro usa la amenaza militar de EE. UU. para reprimir la disidencia en Venezuela

Mientras Estados Unidos intensifica su presencia militar en el Caribe y frente a las costas venezolanas, con operaciones contra presuntos narcotraficantes y la incautación de buques petroleros, el gobierno de Venezuela ha respondido con la movilización de fuerzas armadas, llamados a aliados internacionales y denuncias ante las Naciones Unidas. Paralelamente, organizaciones de derechos humanos y analistas advierten que estas tensiones externas están siendo utilizadas como argumento para profundizar la represión interna, informa The Washington Post.

Según observadores locales e internacionales, las amenazas de Washington han servido de justificación para una nueva ola de detenciones y restricciones a las libertades civiles. El gobierno del presidente Nicolás Maduro "ha utilizado la presión estadounidense como excusa para desplegar al ejército, tildar de traidores a sus críticos y arrestar a decenas de disidentes", afirmó Martina Rapido Ragozzino, investigadora de Human Rights Watch para los Andes del Norte. La organización documentó en septiembre al menos 19 casos de presos sometidos a régimen de incomunicación.

Este mes falleció en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, el dirigente opositor Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta, un año después de haber sido detenido cuando intentaba salir del país. Su familia denunció que se le negó atención médica adecuada mientras permanecía bajo custodia del Estado.

En este contexto, la Asamblea Nacional aprobó una ley que contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes "promuevan, instiguen, soliciten, invoquen, favorezcan, faciliten, apoyen, financien o participen" en la campaña impulsada por Estados Unidos para confiscar buques que transportan petróleo venezolano, según explicó Giuseppe Alessandrello, impulsor de la iniciativa.

La preocupación internacional ha ido en aumento. Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió este mes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que "la represión del espacio cívico se ha intensificado, sofocando las libertades de las personas". Señaló que periodistas, defensores de derechos humanos, dirigentes opositores e incluso trabajadores humanitarios enfrentan amenazas, hostigamiento y riesgo de detención arbitraria. Tanto Türk como Human Rights Watch también han cuestionado los ataques militares estadounidenses contra presuntos narcotraficantes en aguas de Centroamérica y Sudamérica, calificándolos de violaciones al derecho internacional y, en algunos casos, de ejecuciones extrajudiciales.

Para el sociólogo David Smilde, de la Universidad de Tulane, esta dinámica no resulta inesperada. "Cuando existe una amenaza tan real de una operación militar, por supuesto que se usará como excusa", afirmó.

La actual ofensiva represiva se suma a la campaña iniciada por el chavismo tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro se proclamó vencedor pese a que auditorías electorales realizadas por The Washington Post y otros observadores independientes concluyeron que el opositor Edmundo González obtuvo una ventaja de dos a uno. Las protestas posteriores fueron respondidas con detenciones masivas. De acuerdo con el Foro Penal, actualmente hay 905 presos políticos en el país.

Estados Unidos desconoce la legitimidad de Maduro desde las elecciones presidenciales de 2018, también consideradas fraudulentas por la comunidad internacional. La administración de Donald Trump ha acusado al gobierno venezolano de tráfico de drogas y ha imputado a Maduro y a varios altos funcionarios por cargos de narcoterrorismo. Este año, los Departamentos de Justicia y de Estado elevaron a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura o condena.

Desde agosto, Washington ha desplegado buques de guerra en el Caribe. A partir de septiembre, fuerzas estadounidenses han lanzado ataques contra al menos 29 embarcaciones en aguas de Sudamérica y Centroamérica, con un saldo de al menos 105 personas fallecidas. En diciembre, la Guardia Costera incautó dos petroleros e intentó capturar un tercero. Aunque el gobierno estadounidense sostiene que se trata de operaciones contra el narcotráfico, Trump ha reiterado que Maduro "tiene los días contados" y sugirió públicamente que sería prudente que renunciara.

Caracas ha intentado responder por la vía diplomática para evitar una confrontación directa. Maduro calificó las incautaciones de petroleros como actos de piratería destinados a despojar a Venezuela de sus recursos naturales. Esta semana envió una comunicación formal a los 193 Estados miembros de la ONU advirtiendo sobre una escalada de agresión "extremadamente grave" por parte de Estados Unidos.

"Venezuela no ha cometido ningún acto que justifique esta intimidación militar", escribió el mandatario, al tiempo que describió la estrategia estadounidense como "el uso letal de la fuerza al margen de cualquier marco legal internacional". En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, solicitada por Venezuela, el embajador Samuel Moncada acusó a Washington de protagonizar "la mayor extorsión conocida en nuestra historia". En respuesta, el representante estadounidense Mike Waltz calificó a Maduro como "un fugitivo de la justicia estadounidense y jefe de la Organización Terrorista Extranjera Cártel de los Soles".

Mientras el conflicto escala en el plano diplomático, sus consecuencias se reflejan en historias personales. Johany Méndez, de 35 años, viajó esta semana a una prisión del estado Lara con una pequeña bolsa de alimentos y artículos de higiene para su sobrino. Durante el trayecto, dijo, rezó pidiendo que su familia vuelva a estar unida.

Gabriel José Rodríguez tenía 16 años cuando fue detenido en un hospital de Lara, adonde había acudido por fiebre, la víspera de la toma de posesión de Maduro. Según su tía, fue arrestado porque "dijeron que parecía un alborotador". Desde entonces cumplió 17 años, terminó la secundaria en prisión y fue condenado este mes a 10 años de cárcel por terrorismo. Es uno de al menos cinco adolescentes encarcelados por el Estado venezolano.

Su padre está destrozado", relató su tía. "Le encanta la Navidad; sigue siendo un niño. Ahora, sin él, todo se siente vacío".

La muerte de Alfredo Díaz también resonó fuera del país. En Oslo, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, la mencionó durante la ceremonia en la que la líder opositora María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025. "Fue arrojado a las profundidades de El Helicoide, la cámara de tortura más grande de Latinoamérica. Un preso político más, otra vida perdida, otra víctima del régimen", afirmó.

Durante el último año, la represión no se ha limitado a dirigentes políticos. Marggie Orozco, médica de 65 años, fue arrestada tras enviar un mensaje de WhatsApp en el que criticaba la crisis política del país. Fue acusada de traición, instigación al odio y conspiración, y en noviembre recibió una condena de 30 años de prisión.

Ese mismo mes, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la detención de Samanta Sofía Hernández Castillo, de 16 años, tras un operativo violento en su vivienda en Caracas. Dos días después, su familia supo del arresto de su hermana Aranza, de 19 años, en Maracaibo. Ambas son hermanas de un exteniente del Ejército acusado de traición y actualmente en el exilio.

Frente a El Helicoide, una familia acudió vestida de blanco para una visita navideña. Llevaban regalos y hallacas, revisados previamente por los guardias. "Le dimos un poco de nuestros sabores caseros", contó la esposa del preso, quien habló bajo anonimato por temor a represalias. Su hijo de ocho años solo pidió un deseo a Papá Noel: la liberación de su padre.

Cree que despertará y encontrará a su papá", dijo la mujer. Relató que intenta mantener un vínculo leyendo los mismos libros que su esposo y planeando las comidas familiares en sintonía con las de él en prisión. Sin embargo, no sabe si las autoridades permitirán nuevas visitas o el ingreso de alimentos. Human Rights Watch denunció en agosto que El Helicoide restringió las entregas familiares a un solo día a la semana y ha suspendido visitas de forma arbitraria durante largos períodos.

"A veces veo a la Señora Justicia con los ojos vendados y pienso que ojalá hubiera una manera de ayudarla a ver", concluyó.