Zair Mundaray señala que Nicmer Evans habría ingresado al Sebin de El Helicoide
Ante esta situación, dijo el exfiscal del Ministerio Público, fue interpuesto un recurso de habeas corpus a favor de Evans, lo que obliga al tribunal designado a oficiar de forma inmediata al Sebin para que el detenido sea presentado ante un juez competente. El objetivo del recurso es que se restablezcan sus derechos a la libertad personal y a la seguridad jurídica, tal como lo establece la legislación venezolana y los tratados internacionales suscritos por el país
El abogado y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, informó de manera extraoficial que el politólogo Nicmer Evans, quien se encuentra en situación de presunta desaparición forzada, habría sido trasladado la noche del lunes a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, en Caracas.
Según explicó Mundaray, ante esta situación fue interpuesto un recurso de habeas corpus a favor de Evans, lo que obliga al tribunal designado a oficiar de forma inmediata al Sebin para que el detenido sea presentado ante un juez competente. El objetivo del recurso es que se restablezcan sus derechos a la libertad personal y a la seguridad jurídica, tal como lo establece la legislación venezolana y los tratados internacionales suscritos por el país.
En paralelo, el abogado Orlando Viera Blanco anunció que fueron consignadas ante la Corte Penal Internacional (CPI) tres nuevas incidencias por presuntos crímenes de lesa humanidad, relacionados con detención arbitraria, desaparición forzada, encarcelamiento y muerte bajo custodia del Estado.
De acuerdo con Viera Blanco, los casos elevados al organismo internacional corresponden al politólogo Nicmer Evans, al coordinador del partido Vente, Arquímides Pulido, y al exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz. La acción fue presentada conforme al artículo 15 del Estatuto de Roma, que faculta a la Fiscalía de la CPI a iniciar exámenes preliminares a partir de información suministrada por particulares u organizaciones.
El jurista reconoció el desaliento y la desconfianza que genera entre las víctimas y la ciudadanía la lentitud de los procesos judiciales, pero subrayó que es un deber de los defensores de derechos humanos documentar y denunciar estos hechos ante instancias internacionales, en un contexto que calificó como de “grave impunidad”.
Viera Blanco aseguró que continuarán impulsando las denuncias ante la justicia penal internacional, al considerar que los mecanismos internos no ofrecen garantías efectivas para la protección de los derechos fundamentales de las víctimas.