Gobierno alertó ante la CPI del “despliegue militar estadounidense sin precedentes"
El embajador venezolano ante la CPI, Héctor Constant Rosales, advirtió que la situación pone “en riesgo” a toda la región de Suramérica. Reclamó que EE. UU. busca “desestabilizar” el entorno de Venezuela
El Gobierno venezolano
advirtió este martes ante los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI)
que la estabilidad regional en el Caribe está “amenazada" por "un despliegue militar estadounidense sin precedentes".
El embajador venezolano, Héctor Constant Rosales, aseguró que se trata de una situación
que, dijo, "pone en riesgo” a toda la región.
En su discurso ante la Asamblea de Estados Partes de la CPI en La Haya, abrió su intervención alertando del despliegue “sin precedentes” que busca “desestabilizar” el entorno de Venezuela.
"Venimos en nombre del pueblo y del Gobierno de Venezuela, a alertar y condenar estas acciones hegemónicas que hoy
amenazan la paz regional", señaló.
El diplomático centró parte de su intervención en la situación en Palestina y aseguró que existe una "deuda moral, jurídica y humana" acumulada durante décadas hacia el pueblo palestino, y exigió que la CPI "mire de frente la dimensión del horror, la impunidad y la complicidad que están destruyendo la credibilidad del sistema internacional de justicia".
El representante venezolano señaló además que la CPI opera bajo "un clima de intimidación sin precedentes", producto de "sanciones, amenazas y presiones políticas" dirigidas contra la Fiscalía y los jueces para frenar sus investigaciones.
Estados Unidos emitió este año varias sanciones contra nueve funcionarios de la CPI en represalia por las ordenes de arresto emitidas por la situación en Palestina, lo que afecta también al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
En este sentido, Constant aseguró que Venezuela "sabe lo que significa" el uso de sanciones como "instrumento de coerción y chantaje político, incluso a costa del sufrimiento de la población" y pidió a la Corte que determine el "carácter punible" de esas medidas y no permita "que sus decisiones se condicionen por represalias externas".
En este sentido, Constant aseguró que Venezuela "sabe lo que significa" el uso de sanciones como "instrumento de coerción y chantaje político, incluso a costa del sufrimiento de la población" y pidió a la Corte que determine el "carácter punible" de esas medidas y no permita "que sus decisiones se condicionen por represalias externas".
"Ocho décadas después de los juicios de Núremberg, la humanidad vuelve a encontrarse ante un momento que pone a prueba la credibilidad del Derecho Penal Internacional", sostuvo, recordando que, en 1945, el mundo reconoció que los crímenes más graves no podían quedar subordinados a "equilibrios geopolíticos" ni a "conveniencias diplomáticas", un principio que, dijo, "hoy se ve amenazado" por el retorno "a la coerción y la intimidación".