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“Ejecuciones extrajudiciales de EE. UU.” investigará la Asamblea Nacional

El presidente del Parlamento atribuyó los hechos a operaciones del Gobierno de Estados Unidos bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Calificó estas denuncias como parte de una “calumnia contra Venezuela” y sostuvo que dichas acciones militares tendrían como objetivo generar un cambio político en el país

La Asamblea Nacional (AN) realizará el lunes 1 de diciembre una sesión extraordinaria en la que anunciará la activación de la Fiscalía General de la República, para ampliar las investigaciones sobre los casos de presuntos asesinatos de venezolanos y otros ciudadanos latinoamericanos en aguas del Caribe.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que la AN también conformará una comisión especial para abordar el caso, cuya instalación está prevista para la misma jornada, informa Últimas Noticias.

Durante una rueda de prensa, Rodríguez atribuyó los hechos a operaciones del Gobierno de Estados Unidos bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Calificó estas denuncias como parte de una “calumnia contra Venezuela” y sostuvo que dichas acciones militares tendrían como objetivo generar un cambio político en el país.

El parlamentario afirmó que familiares de las víctimas habrían recibido amenazas para evitar que denuncien públicamente lo ocurrido, especialmente en la población de Güiria, en el estado Sucre, donde —según dijo— persisten reportes de hostigamiento.

Rodríguez indicó que solicitarán una reunión con autoridades del Ejecutivo y de la Gobernación de Sucre para definir mecanismos de apoyo a los familiares de los fallecidos. Añadió que la Fiscalía y otras instituciones del Estado implementarán medidas de protección para estas comunidades.

Asimismo, cuestionó la ausencia de pronunciamiento de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los hechos denunciados, y mostró recortes de prensa de medios estadounidenses que han informado sobre las operaciones en el Caribe.

La activación de estas investigaciones ocurre en un contexto de tensión regional por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, acciones que el Gobierno venezolano considera contrarias al derecho internacional y calificadas como actos de agresión.

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