Sombra del suicidio acecha a los presos políticos: Aquí están los casos más sonados

El drama de 887 presos políticos en Venezuela tiene una arista que sacude a familiares y amigos de quienes se encuentran en prisiones y recintos carcelarios en las peores condiciones. Algunos intentan acabar con sus vidas. En agosto pasado, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, denunció que nueve presos políticos de Tocorón, en el estado Aragua, habían intentado suicidarse.

Machado atribuye las principales razones al deterioro mental progresivo frente a "condiciones inhumanas de reclusión y los tratos degradantes de los que son víctimas: la comida es muy escasa, podrida, llena de gusanos; las visitas son cada vez más cortas, les han reducido las llamadas telefónicas a sus familiares y las posibilidades de aseo son casi nulas”.

El último caso registrado de suicidio en una cárcel venezolana tuvo lugar el pasado 3 de mayo de 2025 en el centro penitenciario de Tocorón, sitio donde Lindomar Amaro de 27 años, se ahorcó en su celda, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Sus familiares aseguran que ya lo había intentado anteriormente y pese a las denuncias elevadas a los funcionarios, no había recibido ningún tipo de ayuda. Su cuerpo fue enviado a Cojedes, donde "fue enterrado de manera exprés".

Lindomar había sido arrestado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 29 de julio de 2024 mientras se dirigía a su casa en una motocicleta. Durante su detención fue recluido en celdas de castigo, donde, según la ONG, fue sometido a tratos crueles y a tortura psicológica.

Otro caso emblemático fue el de Jhoandri Joel Silva, cercano a Lindomar, quien también intentó suicidarse. Lo hizo tras sufrir una crisis nerviosa provocada por el encierro, el maltrato y la angustia de no tener cerca a su hija menor, aseguró el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Sin embargo, la ONG resaltó que el recluso fue auxiliado por unos compañeros y trasladado de inmediato al Hospital Militar de Maracay, donde, posteriormente, recibió el alta médica, pero luego fue hospitalizado por segunda vez tras un nuevo intento de acabar con su vida.

Después de ese suceso, el Foro Penal confirmó su excarcelación el 9 de mayo. El joven de 26 años fue arrestado por la División de Inteligencia Estratégica del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (DIE) cerca de una farmacia mientras buscaba un anticonvulsivo para su hija.

El caso de María González, una adolescente de 16 años, impactó al mundo. La muchacha envió una carta a su madre en la que expresaba sus sentimientos y la intención de poner fin a su vida. “¿Por qué vivir? ¿Para qué? Si no tengo nada, ni a mi familia conmigo. Los extraño tanto. Además, nadie quiere vivir encerrada por algo que no hizo", escribió la joven.

González fue detenida el 29 de julio de 2024 en el contexto de las protestas postelectorales. “Un militar le quitó el teléfono a mi hija. Ella tenía fotos privadas ahí. El tipo se las mostró a otros militares y le dijo a mi hija que si se acostaba con él, entonces la ponía en libertad”, denunció la madre.

Luego de darse a conocer el contenido de la carta, el Ministerio Público informó, a través de Instagram, de la liberación de la joven, luego de que el tribunal revisara la "medida privativa de libertad" a solicitud de la institución.

El 17 de abril de abril de 2024, se documentó otro suicidio en una cárcel venezolana tras el fallecimiento de Marino Lugo Aguilar, coronel de la Fuerza Armada Nacional, implicado en el caso Pdvsa-Cripto. Su muerte se hizo pública un día después de que fue interrogado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por la trama de corrupción.

La evidencia recabada por los especialistas en patología, medicina forense y criminalística adscritos a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal del Ministerio Público determinó preliminarmente que el deceso ocurrió por ahorcamiento.

El 8 de diciembre de 2024, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que Carlos Valecillo Ramírez había intentado quitarse la vida en su celda en la cárcel de Tocorón. “Escribió una carta donde expresaba su deseo de morir para no seguir sufriendo, fue auxiliado por compañeros de celda a las 5:00 a.m. del domingo 8 de diciembre. Fue llevado urgentemente a la enfermería del penal", detalló ClippveI en el mensaje.

Valecillo Raamírez fue hospitalizado por 17 días, pero después devuelto a su lugar de reclusión. Sin embargo, fue excarcelado el 2 de marzo de 2025 junto con un total de 110 detenidos en el contexto postelectoral, con la medida cautelar de prohibición de ofrecer declaraciones a la prensa y con el riesgo de detener el proceso y volverlos a detener en el caso contrario.

En este contexto, el 11 de septiembre de 2025, los familiares del sindicalista Daniel Romero denunciaron que se encontraba en condición crítica tras haber intentado quitarse la vida en el Centro Penitenciario El Rodeo I, bajo un profundo estado depresivo y un comprometido estado de salud.

Según testimonios, una ambulancia ingresó de urgencia al centro penitenciario, ubicado a las afueras de Caracas y, poco después, se supo que el traslado respondía al estado crítico de Romero, detenido en junio de 2023 en el estado Bolívar. Es acusado de los delitos: asociación para delinquir, instigación al odio y boicot, pero en el expediente no existen pruebas que demuestren culpabilidad de dichos delitos.

El caso más reciente de intento de suicidio se produjo el 17 de noviembre de 2025, cuando Juan David Gutiérrez Medina, un joven de 21 años diagnosticado con síndrome de Asperger y TDAH, intentó quitarse la vida en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón.

Según el relato de los familiares, Gutiérrez Medina intentó ahorcarse durante un apagón eléctrico prolongado, cada vez más frecuentes en el penal. Fue auxiliado gracias a la alerta de sus compañeros de celda, quienes golpearon las rejas para llamar a los custodios.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió al Gobierno venezolano que "cese la tortura psicólogica, los castigos y las amenazas contra los detenidos poselectorales y sus familiares" e instó al fiscal general, Tarek William Saab, y al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a "investigar las denuncias públicas de los familiares, así como a agilizar las revisiones de las causas de los detenidos arbitrariamente".