La transición en Venezuela: ¿Reconstrucción institucional o desmantelamiento de los poderes?

Un posible cambio de poder en Venezuela no solo es una promesa de líderes opositores, también sería un complejo proceso que llevaría a la reestructuración de múltiples instituciones y, a su vez, al nacimiento de una nueva era.

El doctor en Historia y en Derecho, académico y director de Investigación y postgrado de la Universidad SEK-Chile, Luis Marcano, asegura que este camino requeriría de un giro importante en la administración de los cinco poderes, dado que “la transición no puede edificarse sobre órganos ilegítimos; al contrario, su sentido es desmontar esa falsificación institucional”.

A propósito de esto, Marcano aclara que, tras el fin de la Asamblea Nacional de 2015, el único poder legítimo que se asumiría sería el del presidente electo en las pasadas elecciones de 2024, respaldado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.

“En ese marco, ante la salida de la administración, la primera acción constitucionalmente coherente sería que el TSJ legítimo reconozca formalmente la victoria popular de Edmundo González el 28 de julio de 2024 y proceda a juramentarlo dentro del territorio venezolano, aunque sea en una sede provisional”, explica Marcano.

Afirma que este paso es fundamental dado que, “tendría sentido jurídico” y “restituye la voluntad del soberano, reencaja la Constitución en su propio texto y evita que el vacío institucional sea llenado por órganos ilegítimos creados para sostener la usurpación”.

A diferencia de otras perspectivas de la posible transición, el especialista no vislumbra una convocatoria a elecciones presidenciales. “Convocar a nuevas elecciones sería negar el mandato soberano expresado el 28 de julio y, además, pondría en manos del aparato que cometió el fraude la posibilidad de repetirlo”, advirtió.

Depuración

Una vez juramentado Edmundo González Urrutia como Presidente, queda iniciar el proceso de reconstrucción institucional y restablecimiento del orden constitucional.

Marcano expone que “para el Consejo Nacional Electoral (CNE), el TSJ de facto y la Fiscalía, la transición implicaría una depuración profunda”. “El CNE actual, responsable de encubrir la manipulación electoral del 28 de julio, no puede continuar ejerciendo autoridad”, aclaró.

“El TSJ legítimo podría declarar la nulidad de sus nombramientos, y el Presidente González, ya juramentado, podría impulsar la conformación de un CNE provisional técnico, autónomo y temporal, encargado de limpiar el registro electoral y preparar el ciclo electoral de transición”, apuntó.

En relación al TSJ, Marcano agrega que su estructura fue “construida para sostener la usurpación” y “carece de legitimidad”, por lo que “sus decisiones deben ser declaradas ineficaces”, y se tomaría en cuenta al TSJ en el exilio, que asegura, es legítimo.

Sostiene que la función de este “no es sustituir al pueblo ni reescribir la Carta Magna, sino activar sus cláusulas de protección para corregir la usurpación y permitir que el presidente electo asuma”.

“A partir de allí, se inicia la reconstrucción ordenada: elección de una nueva Asamblea Nacional bajo reglas limpias, reforma del sistema judicial, recomposición del CNE, y restablecimiento pleno del Estado de derecho”, explicó.

Un perdón nacional

La líder opositora María Corina Machado siempre hace mención de una “transición ordenada” y, aunque no ha dicho explícitamente que existiría un perdón nacional, el abogado, Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Procesal y docente universitario, Rodrigo Rivera, afirma que esto podría realizarse, tomando en cuenta ciertas condiciones.

“¿Es posible pactar un perdón nacional? Sí, pero dentro de la esfera nacional”, dijo Rivera, quien destacó que “esto no excluye que puedan presentarse a juicios particulares contra individuos que cometieron hechos que no pueden escudarse en la Constitución, los asesinatos, las torturas”.

Aseveró que, hay un contexto internacional para quienes se le aplicaría el perdón nacional. “Muchos de ellos, están acusados de delitos internacionales, y ahí, la responsabilidad es de carácter personal”, explicó.

El abogado sostiene que lo más difícil sería suspender el proceso de investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, investigación que está en curso desde 2021. Afirma que la única manera de que esta labor de detuviese sería un acuerdo multitudinario. “Ahí hay muchas víctimas, tendrían que acordar todas para que haya una recesión de eso”, manifestó Rivera.

Mientras la justicia venezolana gestionaría estos casos, Rivera asegura que, paralelamente, se podría proponer una enmienda constitucional para procurar “la no concentración del poder”.

“Es necesaria una enmienda constitucional. Normas puntuales de carácter orgánico que no afectan la esencia de la constitucional, como, por ejemplo, desprender la sala constitucional del TSJ y colocarlo como un tribunal de control aparte; quitarle la función de designación al TSJ y generar lo que existía antes, un consejo del poder judicial que sí lleve la designación de jueces a través de credenciales académicas y capacidad para decidir y que garantice una justicia imparcial”, detalló.

Sumado a esto, asegura que el período presidencial y la “reelección indefinida” serían otros temas a estudiar. “Creo que una medida sana que se puede hacer es reducir el periodo presidencial, ver alternativas para llevarlo a cuatro años con una posible reelección, establecer también la posibilidad de una segunda vuelta en las elecciones”, argumentó.

¿Cuándo será?

El Dr. Rivera lamenta que, tras varios años de mesas de diálogo, “el gobierno se ha burlado de las negociaciones”.

En este punto, vale recordar que el Gobierno de Nicolás Maduro ha desviado distintas exigencias a lo largo de los últimos 11 años para lograr una transición. Las primeras protestas antigubernamentales se dieron en 2014, antes de cumplir un año en el poder.

En 2016, con la Asamblea Nacional opositora, llegó un diálogo entre la oposición y el Gobierno, tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de una solicitud de referéndum revocatorio contra el mandatario venezolano que impulsaban fuerzas opositoras.

Este proceso se extendió hasta 2017 y acabó con pocos resultados favorables, pese a haber contado con mediación del Vaticano y Gobiernos vecinos. A finales de ese año, y con la Asamblea Nacional Constituyente instalada, inició el primer diálogo fuera del país, en República Dominicana.

El mismo procedimiento que se intentó en 2019, cuando iniciaron las conversaciones en Barbados. Fueron siete rondas formales de negociación y el proceso quedó en suspenso. No es hasta agosto de 2021, cuando se inicia un proceso de diálogo después de la interrupción por la pandemia de covid-19, nuevamente organizado por Noruega.

Se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la oposición y el Gobierno de Venezuela en la Ciudad de México, en el que se sentaron las bases para el nuevo intento de acercamiento. Luego, en 2022, los jefes negociadores, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, aparecieron en una fotografía en la que dijeron que estaban avanzando para sentarse a conversar.

Llegó octubre de 2023, cuando ambas delegaciones vuelven a estar en Bridgetown, Barbados. Esa primera ronda resolvió solicitar la liberación de un fondo que, según el chavismo, asciende a $3.000 millones que estaban congelados por el sistema financiero internacional.

Se redactó y firmó el acuerdo de Barbados, que sentó las bases de una ruta para realizar elecciones presidenciales libres y transparentes en 2024. No obstante, las elecciones presidenciales se realizaron en julio 2024, bajo la protesta opositora que aseguraba que el triunfo en las urnas le pertenecía a Edmundo González Urrutia.

A juicio del abogado Rivera, el oficialismo “tiene intereses personales que quieren proteger y seguir disfrutando de esos placeres que les da el poder”. “Ellos no tienen ninguna intención de hacer una transición pactada negociada”, afirmó.

No obstante, sostiene que en las filas militares “aún hay un anhelo” de cambio y que “sí se vislumbra muy pronto el restablecimiento de un gobierno transicional presidido por Edmundo González”.