Tres tendencias que marcan el reclutamiento infantil en el conflicto colombiano
Desde 1962, el Observatorio de Memoria y Conflicto ha registrado 16.900 casos de reclutamiento infantil. La mayoría corresponde a menores entre 12 y 17 años, con 12.950 víctimas. Según la entidad, cerca de la mitad eran estudiantes y más de una cuarta parte niñas
Colombia continúa enfrentando serios desafíos para proteger a niños, niñas y adolescentes del reclutamiento forzado por parte de grupos armados y organizaciones criminales, incluso mientras el Gobierno sostiene negociaciones de paz con algunos de los actores armados más influyentes del país.
Desde 1962, el Observatorio de Memoria y Conflicto ha registrado 16.900 casos de reclutamiento infantil. La mayoría corresponde a menores entre 12 y 17 años, con 12.950 víctimas. Según la entidad, cerca de la mitad eran estudiantes y más de una cuarta parte niñas. Aunque los casos han disminuido en dos décadas, el fenómeno persiste en regiones donde la presencia de grupos ilegales inhibe las denuncias.
Las guerrillas han sido señaladas históricamente como los principales responsables. El ELN y las hoy desmovilizadas Farc concentran más del 56% de los casos, con Antioquia, Meta y Caquetá entre los territorios más afectados. Aunque el reclutamiento alcanzó su punto máximo a principios de los 2000, organizaciones criminales siguen empleando menores para fortalecer sus estructuras, especialmente en zonas vinculadas a economías ilícitas, reporta Insight Crime.
Expertos consultados por InSight Crime advierten que la reducción de casos reportados obedece, en parte, al subregistro. En zonas controladas por estructuras armadas, las comunidades temen denunciar estas prácticas.
Las autoridades colombianas han reportado nuevos episodios. El 13 de noviembre, la Fiscalía informó que Yeison Guzmán Torres, alias “Franco”, miembro de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, aceptó haber utilizado adolescentes en operaciones ilegales en Antioquia. El ELN, por su parte, es investigado por al menos 24 casos entre 2021 y 2023.
El fenómeno se explica por distintos factores. El primero es la relación entre la expansión criminal y el reclutamiento. Organizaciones que dependen de rentas ilícitas tienden a involucrar a menores en sus actividades, una práctica que se remonta a los años ochenta y que hoy continúan empleando estructuras como el Estado Mayor Central (EMC), disidencia liderada por Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”. En noviembre, dos menores fueron rescatados en Huila tras ser obligados a integrar una estructura vinculada al tráfico de drogas.
El segundo factor está relacionado con la presión militar o territorial. Grupos debilitados por ofensivas estatales o disputas con rivales suelen recurrir al reclutamiento infantil para reponer combatientes. Este patrón se evidenció en 2003, cuando las Farc registraron su pico histórico de reclutamiento tras años de enfrentamientos con paramilitares y operaciones militares contra sus frentes. Algo similar ocurrió después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, cuando algunas disidencias comenzaron a reclutar menores para recuperar fuerza.
En los últimos años, distintas entidades han advertido que el ELN y las AGC han recurrido nuevamente a esta práctica en varios departamentos del país. La Procuraduría ya había alertado sobre este aumento en 2019, cuando se reconfiguraba el panorama criminal tras la desmovilización de las Farc.
El tercer elemento es la competencia por el control territorial. Tras el Acuerdo de Paz, grupos armados emprendieron una disputa por las rentas ilegales que dejaron las Farc, y el reclutamiento infantil se convirtió en una herramienta para asegurar presencia en áreas estratégicas. Unicef ha identificado al ELN como principal reclutador, seguido por disidencias y las AGC.
Aunque el Observatorio solo reportó 12 casos entre enero y septiembre de 2023, la organización Coalico confirmó al menos 48 durante el primer semestre del año, lo que evidencia una brecha entre el registro oficial y la realidad en terreno.
La política de Paz Total del presidente Gustavo Petro podría estar impulsando una nueva reconfiguración del conflicto. Expertos estiman que, ante un escenario incierto de negociaciones, los grupos armados buscan fortalecer sus filas y ampliar su control, y uno de los mecanismos más recurrentes continúa siendo la instrumentalización de menores.
Según un analista consultado por InSight Crime, el país podría enfrentar un recrudecimiento de la confrontación. A su juicio, los grupos armados están preparándose para responder a los cambios generados por la política gubernamental, y el reclutamiento de menores seguirá siendo una de sus principales tácticas.