Denuncian "desaparición forzada" de 140 presos políticos y aislamiento de otros 16 en Venezuela
"Se les informó que serían trasladados a tribunales porque su sentencia había terminado. Sin embargo, están desaparecidos”, declaró Sandra Hernández, representante de los familiares. Ellos han buscado información en diversos centros de reclusión, como la Dirección General del Servicio Penitenciario Militar (Dispemil), sin obtener respuestas claras
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha documentado el uso sistemático del aislamiento prolongado como un método de castigo y tortura en las prisiones venezolanas. Este hecho, asegura, infringe los estándares internacionales al prohibir el contacto humano y el acceso a defensa legal para los detenidos.
La organización ha señalado que desde hace varios meses, la administración de Nicolás Maduro aplica un patrón de desapariciones forzadas, específicamente contra opositores políticos. En un reciente informe entregado al Ministerio Público, se especifica que actualmente 140 personas se encuentran desaparecidas, y al menos 16 se hallan en aislamiento, informa Tal Cual.
La falta deliberada de información sobre el paradero y estado de los detenidos genera angustia en los familiares y constituye una violación del artículo 45 de la Constitución", afirmó el Comité en su documento, presentado el 18 de noviembre.
De estas 140 personas desaparecidas, el número es inferior al de 160 reportadas por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón hasta el 5 de noviembre, aunque contrasta con las 56 que contabiliza el Foro Penal.
Entre las víctimas de estos traslados arbitrarios se encuentran tenientes coroneles como Víctor Soto Méndez y Juan Carlos Peña Palmentieri, quienes fueron llevados a paraderos desconocidos tras cumplir sus condenas en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), también conocido como la cárcel de Ramo Verde.
Se les informó que serían trasladados a tribunales porque su sentencia había terminado. Sin embargo, están desaparecidos”, declaró Sandra Hernández, representante de los familiares. Ellos han buscado información en diversos centros de reclusión, como la Dirección General del Servicio Penitenciario Militar (Dispemil), sin obtener respuestas claras.
El Comité también ha contabilizado a 20 personas vinculadas a la causa Gedeón, detenidos en Sebin El Helicoide, en Caracas. Además, alertan sobre las condiciones de aislamiento en las que se encuentran algunos detenidos, lo que requiere acción inmediata de la Fiscalía General para restaurar sus derechos.
Este contexto no es nuevo, y los funcionarios alegan que algunos detenidos tienen visitas restringidas. En el caso de Perkins Rocha y otros, se les había permitido recibir visitas a principios de octubre, pero desde entonces, se les ha negado nuevamente el acceso a sus familias.
La situación es crítica para otros casos, como el de José Riera, que permanece en condiciones inciertas desde su detención en julio, con familiares que solo reciben información mínima sobre su estado. Adicionalmente, se ha denunciado que militares en la cárcel de Fuerte Guaicaipuro han sufrido problemas de salud sin recibir atención médica adecuada.
Estas denuncias en el entorno político y penitenciario de Venezuela evidencian una grave crisis en el respeto a los derechos humanos, especialmente en un contexto donde la libertad de expresión enfrenta múltiples restricciones.