EE.UU. pone en marcha plan para verificar la seguridad de 450.000 menores migrantes
El objetivo es garantizar que estos niños, entregados a familiares o patrocinadores, no estén siendo explotados ni maltratados. Sin embargo, grupos de derechos humanos han señalado que la iniciativa podría poner en peligro a familiares indocumentados. La medida también involucra la colaboración de las autoridades locales, especialmente en Florida
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. ha iniciado un operativo a nivel nacional con el objetivo de verificar la seguridad y el bienestar de aproximadamente 450.000 menores de edad migrantes que llegaron al país sin acompañantes y fueron entregados a familiares o patrocinadores.
La operación, denominada “Iniciativa de Verificación de Seguridad”, se puso en marcha esta semana en el estado de Florida y se expandirá progresivamente a otras regiones con la cooperación de fuerzas policiales locales que participan en el programa 287(g), diseñado para estrechar la colaboración entre ICE y las autoridades estatales.
La medida busca asegurarse de que estos menores no estén siendo víctimas de abusos, explotación laboral o trata sexual. Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), destacó que este esfuerzo se enmarca dentro de la estrategia del gobierno de la administración Trump para proteger a los niños más vulnerables dentro de la población migrante. Desde que comenzó el proceso, se han realizado más de 24.000 visitas a hogares en los que residen menores migrantes.
No obstante, defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por el impacto que podría tener esta verificación, temiendo que los familiares de los niños, muchos de ellos indocumentados, puedan ser detenidos en el proceso, a pesar de no contar con antecedentes criminales.
En los primeros días del operativo en Florida, ICE arrestó a tres individuos de origen hondureño por cargos ajenos a la seguridad de los menores.
Este tipo de iniciativas son vistas con recelo por los críticos de la política migratoria de la actual administración, quienes argumentan que podría aumentar las tensiones dentro de comunidades ya vulnerables a la deportación y otras consecuencias legales.