ONG denuncia aumento de detenciones y “escenario de inseguridad jurídica” en el país
Alertan que no existe información pública suficiente sobre las causas de las detenciones ni sobre el paradero de las más recientes víctimas, como el periodista Joan Camargo. Afirman que “todo esto configura un patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias, prohibidas expresamente por el derecho nacional e internacional”
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció un aumento de detenciones y desapariciones forzadas en distintas regiones de Venezuela, luego de los arrestos del periodista Joan Camargo y de los estudiantes universitarios Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra.
La ONG alertó que no existe información pública suficiente sobre las causas de las detenciones ni sobre el paradero de las víctimas, y a los familiares y defensores se les ha negado el acceso a abogados o representantes, lo que constituye una violación directa del derecho a la libertad personal y al debido proceso.
Denuncian que “todo esto configura un patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias, prohibidas expresamente por el derecho nacional e internacional”.
Entre los casos más recientes, el pasado jueves se reportó la detención del periodista Joan Camargo, quien fue interceptado por sujetos vestidos de negro cerca de su vivienda en Caracas, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
Un día después, los tesistas de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fueron detenidos por funcionarios del penal de Tocorón, en el estado Aragua, mientras realizaban labores de preproducción audiovisual.
Según testigos, tomaban fotografías de la fachada del recinto cuando fueron abordados por la custodia perimetral del centro penitenciario.
Fueron liberados este lunes luego de una ola de denuncias por parte de activistas y ONG en medios y redes sociales.
En un comunicado, Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que la opacidad estatal y la negación del acceso a asistencia legal generan un “escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada, incompatible con cualquier Estado que se reclame democrático y respetuoso de los derechos humanos”.
La ONG recordó que el Estado venezolano está obligado por la Constitución y los tratados internacionales a garantizar información inmediata y veraz sobre toda persona detenida, así como permitir el acceso irrestricto a abogados y comunicación con familiares.
Exigen a las autoridades informar de inmediato el paradero y situación jurídica de las personas detenidas, y poner fin a las prácticas de detención sin notificación ni debido proceso.
“Cada detención arbitraria erosiona aún más el Estado de derecho y perpetúa la impunidad”, afirmó la ONG, llamando a la comunidad internacional a mantener vigilancia sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.