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Semana: Gustavo Petro no descarta negociación con líderes del Tren de Aragua

La Oficina del Comisionado de Paz de Colombia apuntó al marco legal de la Ley 2272 de 2022. Estos artículos establecen que es el Presidente de la República quien define los lineamientos para promover la reconciliación y el desarrollo de cualquier proceso de paz. De esta forma, la petición del Tren de Aragua fue remitida al despacho del presidente Gustavo Petro

La que podría convertirse en la negociación más compleja dentro del marco de la paz total del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, avanza en un discreto segundo plano. Se trata de la sorpresiva solicitud de diálogos radicada hace casi un mes por la organización criminal transnacional Tren de Aragua, La de entrar en la mesa de negociación fue hecha directamente por Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa.

Changa es uno de los tres fundadores de la estructura criminal y, actualmente está detenido en Colombia, reseñó la revista Semana.

La Oficina del Comisionado de Paz, liderada por Otty Patiño, respondió a la solicitud con una inusual amabilidad, algo que sorprendió tras el rechazo inicial y fugaz del exministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

El documento de respuesta, firmado por Daniel Fernando Eslava como asesor, valoró el "interés genuino" de la organización por hacer parte de la política pública de paz. Sin embargo, en un movimiento clave, la Oficina se abstuvo de tomar una decisión de inmediato.

La respuesta del Comisionado fue tajante al señalar el marco legal de la Ley 2272 de 2022. Estos artículos establecen que es el Presidente de la República quien define los lineamientos para promover la reconciliación y el desarrollo de cualquier proceso de paz.

De esta forma, la petición del Tren de Aragua fue remitida al despacho del presidente Gustavo Petro, quien tiene la última palabra para decidir si abre o no un canal de diálogo con la organización.

La petición, presentada el 11 de octubre con el asunto “Propuesta de colaboración en iniciativas de prevención, reinserción y desarticulación de dinámicas criminales transnacionales”, provino de Larry Changa, quien se encuentra en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota. Changa está a la espera de ser enviado a Chile, país que ya tiene la aprobación de extradición por parte de la Corte Suprema.

El sujeto argumenta su pedido en la preocupación por las condiciones sociales que generan vulnerabilidad, como la pobreza extrema y la exclusión social, y el deseo de aportar desde un enfoque de prevención social y reinserción personal.

Sin embargo, la naturaleza transnacional del Tren de Aragua plantea de entrada vacíos jurídicos significativos para su inclusión. A la paz total se han sumado guerrillas, disidencias y otros criminales, pero esta organización plantea un desafío legal inédito.

Las posturas internacionales sobre el grupo son opuestas, lo que aumenta la controversia. Mientras el presidente Petro afirmó en el pleno de la ONU que el Tren de Aragua no es una organización terrorista, calificándolos como delincuentes nacidos de la idea de bloquear a Venezuela, su antagonista, Donald Trump, los cataloga como terroristas. Estados Unidos los ha vinculado al Cártel de los Soles, comandado por miembros del gobierno venezolano.

Además de Larry Changa, la organización ha nombrado otros tres emisarios clave que entrarían a la negociación si Petro da el visto bueno: Carlos Gómez, alias Bobby, Dayonis Orozco, alias Boti, y Luis Carrillo, alias Gocho.

Bobby y Boti son delincuentes de alto perfil pedidos en extradición por su participación en crímenes graves como el secuestro y asesinato de un militar venezolano refugiado (Ronald Ojeda) y el homicidio de un teniente de carabineros en Chile.

 

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