Cidh alerta sobre "ambiente hostil" y “nuevos patrones represivos” contra activistas en Venezuela
El documento denuncia que la vida e integridad personal de los defensores, incluidos los venezolanos, “están constantemente en peligro”. Afirman que la situación en el país se ha agravado desde 2006, marcando 2024 como un punto de inflexión con nuevas formas de represión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) publicó su tercer informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en las Américas. El documento evidencia un “ambiente hostil” donde la vida e integridad personal de los defensores “están constantemente en peligro”.
Desde el último informe de 2006, la situación en Venezuela para este sector de la sociedad civil se ha agravado significativamente. 2024 marcó un punto de inflexión, con nuevas formas de represión contra los defensores de DD. HH. a través de anulación de pasaportes y detenciones arbitrarias.
La violencia, criminalización, estigmatización y exilio contra las ONG y sus trabajadores ha anulado el espacio cívico venezolano, expresa la Cidh. Las amenazas provienen directamente de funcionarios públicos “o individuos alineados con el Estado”, incluyendo a “civiles integrantes del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3)”.
En el contexto posterior a las elecciones de 2024, la Cidh observó “nuevos patrones represivos”. Uno de ellos es la anulación abrupta y arbitraria de pasaportes contra al menos 40 defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y sus familiares.
Los defensores también enfrentaron restricciones para salir del país o detenciones arbitrarias y temporales. Abogados como Kennedy Tejeda (Foro Penal) y Eduardo Torres (Provea) se mantienen bajo arresto con acusaciones ligadas a presunto terrorismo.
El organismo señala en su informe la aplicación del delito de terrorismo en contra de personas defensoras y pone de ejemplo casos como el de Rocío San Miguel. San Miguel fue detenida el 15 de febrero de 2024 y presentada cinco días después ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas.
Asimismo, exponen la aprobación de marcos legislativos cuyo objetivo es limitar u obstruir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. La “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” fue aprobada en agosto de 2024.
Dentro de ese marco restrictivo, se menciona la Providencia Administrativa Nº 001-2021, que exige a las organizaciones inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oncdoft. Esta vinculación con la lucha contra el terrorismo y la exigencia de revelar donantes y beneficiarios puede estigmatizar a las organizaciones, afirma la Cidh.
Desde 2015, la Comisión Interamericana ha otorgado 129 medidas cautelares en favor de particulares o colectivos venezolanos. Ninguna de las medidas cautelares ha sido cumplida formalmente por el Estado venezolano, en opinión de expertos.