Insight Crime | El Tren de Aragua en Tennessee: ¿un tren fantasma?
En diciembre de 2023, las autoridades de Tennessee detuvieron a Yilibeth Rivero De Caldera. Más conocida como “Yibi”, Rivero es una mujer venezolana robusta, de unos 50 años, de cabello rubio teñido y mirada penetrante. Tres meses después, arrestaron a un hombre de unos treinta años, de cabello castaño y barba desprolija. Era su hijo, Kleiver Daniel Mota Rivero.
Según la Oficina de Investigación de Tennessee (Tennessee Bureau of Investigation, TBI), ambos encabezaban una red de trata de personas en la ciudad de Nashville. Pero el caso iba más allá de sus víctimas. Mota, según indicaba el comunicado de prensa del TBI, era el primer miembro confirmado del Tren de Aragua en Tennessee, la temida banda nacida en las cárceles de Venezuela que desde entonces se ha expandido a media docena de países del continente americano.
Mota y Rivero representaban la avanzada de la expansión del Tren de Aragua en el estado, aseguró el director del TBI, David Rausch, durante una audiencia presupuestaria en el Congreso en noviembre de 2024.
“Están aquí, y están muchos de ellos aquí”, advirtió.
Sus declaraciones, más incluso que los arrestos, desataron una ola de reportes locales sobre la nueva amenaza de una banda latinoamericana en Tennessee.
Para algunos expertos, el Tren de Aragua estaba siguiendo los pasos de la Mara Salvatrucha (MS13), activa en el estado desde hace dos décadas.
Pero las palabras de Rausch también generaron confusión. Cuando los periodistas comenzaron a preguntar a las policías locales en distintas ciudades y condados sobre la presencia del Tren de Aragua, ninguna había escuchado hablar de la banda operando en sus jurisdicciones.
La situación se complicó aún más cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera tras asumir el cargo en enero.
El grupo, afirmó, era un invasor que recibía órdenes de un Estado enemigo y estaba “llevando a cabo acciones hostiles y librando un conflicto no convencional contra el territorio de Estados Unidos”. Esa designación se utilizó luego como pretexto para deportar a venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que tiene 200 años de antigüedad.
El resultado es que los residentes de Tennessee, al igual que muchos otros en todo el país, se han quedado con más preguntas que respuestas sobre esta nueva amenaza criminal.
¿Estaba el estado enfrentando una oleada de miembros de organizaciones terroristas? O, como afirman muchos de los críticos del gobierno, ¿era el Tren de Aragua una amenaza ficticia utilizada para justificar una agenda de mano dura en materia migratoria y de seguridad ciudadana en lugares como Tennessee?
De Venezuela a Nashville: el éxodo como oportunidad
La llegada de criminales venezolanos vinculados al Tren de Aragua a Estados Unidos —y luego a Tennessee— siguió lo que ahora es el patrón que caracteriza al grupo: aprovechar los flujos de desesperación.
El Tren de Aragua nació en el sistema penitenciario venezolano a inicios de la década de 2010. Se expandió a nivel transnacional hacia finales de esa década, al seguir y explotar el éxodo de millones de venezolanos que huían de la represión política, la violencia y el colapso económico.
Primero apareció en países vecinos como Colombia, Perú y Chile. Pero a partir de 2021, el flujo de venezolanos hacia el norte se intensificó, impulsado por la decisión del gobierno estadounidense de otorgar el Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS) a los migrantes venezolanos, permitiéndoles permanecer en el país. Con ellos llegaron también criminales con vínculos con el Tren de Aragua.
Los investigadores de Tennessee detectaron por primera vez el caso de trata de personas vinculado a Rivero poco después de que comenzara ese flujo migratorio.
Según la acusación formal presentada ante un tribunal federal y otros documentos judiciales radicados en febrero de 2025, Yibi Rivero y su hijo, Mota, encabezaban la red.
Los fiscales sostienen que Rivero tenía amplia experiencia en redes de trata de personas con fines de explotación sexual en Venezuela y Perú, mientras que Mota había estado preso en Venezuela.
Los documentos judiciales identifican a Mota como miembro del Tren de Aragua, y a Rivero como “presunta integrante que usó la afiliación de su hijo a la banda para amenazar a las víctimas”. Otros miembros, según un informe de la audiencia de detención, “casi con certeza son leales a su familia y al Tren de Aragua, del que dependen para apoyo y protección”.
El grupo supuestamente identificaba a mujeres jóvenes y vulnerables, en su mayoría venezolanas, con pocas posibilidades de escapar de la pobreza extrema. Les prometían trabajo y alojamiento en Estados Unidos, y se ofrecían a organizar y pagar su viaje.
Aunque la mayoría fueron reclutadas en Venezuela, los fiscales creen que la red también captó a venezolanas que vivían en Perú e incluso en Estados Unidos.
Los traficantes presuntamente les decían a las mujeres que podrían pagar los costos del viaje con sus ingresos una vez que llegaran. Pero cuando ya era demasiado tarde para echarse para atrás, las cifras se disparaban: de unos pocos miles de dólares pasaban a US$15.000 o incluso US$30.000. La única forma de saldar la deuda, les decían, era a través del trabajo sexual.
Una vez en Nashville, capital del estado, las mujeres eran trasladadas a hoteles y obligadas a ejercer el trabajo sexual. Los traficantes supuestamente las fotografiaban y publicaban anuncios en sitios web usados para contactar a potenciales clientes.
De acuerdo con los fiscales, los miembros de la red tenían roles especializados dentro de la operación.
“Yibi y Kleiver, diría, estaban igualmente al mando, pero con funciones diferentes”, dijo un exfiscal federal especializado en crimen organizado que trabajó en el caso junto con las autoridades estatales y pidió mantener el anonimato. “Él era el ejecutor, y ella manejaba la logística, el negocio del día a día”.
Según la acusación, los otros dos hijos de Rivero y sus esposas actuaban como operadores: atendían las llamadas y mensajes de los clientes y negociaban los servicios sexuales y sus precios. El último acusado fue identificado en el documento judicial como el encargado de permanecer en el hotel para vigilar a las mujeres.
Para mantener a sus víctimas bajo control, los traficantes supuestamente las amenazaban con dañar su reputación o su estatus migratorio. Les decían que las separarían de sus hijos y, si era necesario, recurrirían a la violencia contra ellas o contra sus familias en Venezuela.
Ahí es donde entra la vinculación con el Tren de Aragua. La acusación sostiene que Rivero y Mota “usaron sus conexiones” con el Tren de Aragua —mencionado en los documentos como TdA— para “obligar a las víctimas a continuar realizando actos sexuales comerciales por miedo al daño que ellas o sus familias podrían sufrir si intentaran escapar”.
Sin embargo, el grupo rara vez recurría a la violencia directa, dijo el exfiscal que trabajó en el caso. El poder que ejercían era suficiente para mantener a las víctimas sometidas.
“Solo necesitaban aprovecharse de su estatus migratorio y del miedo por sus familias en Venezuela”, explicó el exfiscal.
Los rastros del Tren en Tennessee
Según el Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute, MPI), en Tennessee hay cerca de 9.000 venezolanos. Pero el caso de los Rivero sentó las bases para lo que se convertiría en un pánico moral sobre las actividades del Tren de Aragua en el estado.
Durante su testimonio ante el Congreso en noviembre de 2024, el director del TBI, David Rausch, utilizó el caso para advertir sobre lo que llamó la “ruta hacia la violencia” de la banda: primero la trata de personas, luego el robo organizado en tiendas con el uso de migrantes indocumentados y, finalmente, su incursión en el narcotráfico transnacional.
“Se han enfrentado —y se enfrentarán— directamente a los carteles, y han sido muy violentos”, afirmó. “Están en todas nuestras principales ciudades”, agregó.
Menos de dos semanas después del testimonio de Rausch, el 25 de noviembre de 2024, la TBI anunció cuatro capturas en una operación para desarticular una red de trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de Chattanooga, en el este de Tennessee.
Entre los detenidos, según el comunicado, se encontraba un “miembro conocido” del Tren de Aragua, Adelvis Rodríguez Carmona.
Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua, solo señalaron que era sospechoso de crímenes violentos en Nueva York y Chicago y que había sido detenido y liberado anteriormente por cargos menores.
Aunque los medios locales titularon sobre la captura de integrantes de una red de trata de personas con fines de explotación sexual vinculada al Tren de Aragua, Rodríguez no fue acusado de trata de personas, sino de solicitar servicios sexuales, es decir, pagar por ellos.
También fue imputado por posesión de drogas ilegales con intención de distribuirlas y posesión ilegal de un arma de fuego. Las tres mujeres arrestadas junto a él enfrentaron cargos por prostitución.
Posteriormente, los cargos más graves contra Rodríguez fueron retirados, y aceptó un acuerdo de culpabilidad por un cargo federal de “extranjero” en posesión de un arma de fuego.
Días después del arresto de Rodríguez, Interpol Washington anunció que, mientras el TBI allanaba el burdel en Chattanooga, se había capturado en Memphis, en el oeste de Tennessee, a un alto miembro del Tren de Aragua.
Según el comunicado, Luis Alejandro Ruiz Godoy era “un fugitivo de alto rango del Tren de Aragua proveniente de Venezuela, con antecedentes de crímenes violentos que incluyen trata de personas, robo, terrorismo, tenencia ilegal de armas y fuga”.
Sin embargo, Ruiz había estado en Estados Unidos apenas una semana. Dos semanas antes de su detención, Interpol Caracas había emitido una alerta indicando que viajaba por México rumbo a la frontera estadounidense.
Aunque la notificación llegó demasiado tarde para impedir su ingreso, la policía estadounidense lo rastreó y arrestó antes de que saliera de Tennessee.
En enero, los medios locales informaron sobre otro arresto de un presunto integrante del Tren de Aragua. El venezolano, de 28 años y en situación migratoria irregular, fue detenido tras huir de un operativo en un burdel de Nashville, arrojando una pistola Glock mientras escapaba.
La redada fue nuevamente presentada como una operación contra la trata de personas, pero el sospechoso, Elmer Aparcio Castillo, fue acusado de promover la prostitución. A diferencia de los delitos de trata, esto implica acuerdos consensuados, aunque ilegales, con trabajadoras sexuales.
Nuevamente, todos los cargos fueron retirados, excepto uno federal por ser un “extranjero” en posesión de un arma de fuego.
Una vez más, todos los cargos fueron retirados, salvo el federal por “extranjero” en posesión de un arma de fuego.
Aunque los medios calificaron el caso como relacionado con el Tren de Aragua, ni los comunicados oficiales ni los documentos judiciales mencionan a la banda.
Desde entonces, las autoridades han reportado solo una presunta aparición adicional del Tren de Aragua en Tennessee. Cuando ICE detuvo a casi 200 personas durante un operativo migratorio de una semana en mayo, afirmó que entre ellas había un venezolano de 37 años “miembro” del Tren de Aragua.
Sin embargo, no reveló su nombre ni proporcionó más información a los medios de comunicación o a las autoridades locales.
Temores infundados
Con el Tren de Aragua aún sin presencia tangible en Tennessee, las advertencias iniciales del TBI sobre su expansión comenzaron a ser cuestionadas. Los legisladores demócratas pusieron en duda el testimonio de Rausch, y el representante estatal demócrata John Ray Clemmons le envió una solicitud formal de información adicional sobre la supuesta amenaza.
En su respuesta, Rausch ratificó varias de sus afirmaciones más cuestionables, al tiempo que se contradijo en algunos puntos de su propio testimonio. En particular, repitió que el Tren de Aragua tiene presencia en las cuatro principales ciudades del estado —Nashville, Memphis, Knoxville y Chattanooga—, lugares donde aseguró que se habían producido arrestos.
Sin embargo, InSight Crime, no encontró registros de arrestos vinculados al Tren de Aragua en Knoxville. Además, la policía de Nashville, Knoxville y Chattanooga había emitido previamente comunicados en los que afirmaba no tener información sobre la presencia de la banda en sus ciudades. Por su parte, la policía de Memphis señaló el arresto de Ruiz Godoy en noviembre y un incidente con grafitis alusivos al Tren de Aragua como los únicos indicios de actividad de la organización.
InSight Crime contactó a los cuatro departamentos de policía para preguntar si desde entonces habían detectado señales de actividad de la banda, pero solo la policía de Knoxville respondió, indicando que no tenía información adicional.
Aún más revelador, Rausch le dijo al congresista Clemmons en su respuesta que el Tren de Aragua no está establecido en el estado, contradiciendo su testimonio de noviembre de 2024, cuando afirmó que la banda estaba presente en Tennessee “en cantidad”. Rausch añadió que la organización no ha avanzado hacia las otras etapas de la inusual “ruta criminal” que él mismo había descrito: de la trata de personas, al robo de tiendas y luego al narcotráfico transnacional.
“Mis advertencias sobre otros crímenes buscaban que todos fueran conscientes de lo que ocurre cuando logran establecerse. Actualmente, no tienen una presencia establecida”, escribió Rausch al congresista Clemmons.
Para los fiscales que siguen el rastro del grupo en Tennessee, el caso inicial de trata en Nashville sigue siendo la evidencia más sustantiva de la presencia del Tren de Aragua en el estado.
Sin embargo, esa acusación no especifica qué llevó a los investigadores a concluir que existían vínculos entre la red y la banda venezolana, y hay pocos indicios de que los acusados hayan cumplido sus amenazas de usar a la organización para intimidar a sus víctimas o familiares en Venezuela u otros países.
Aun así, sigue siendo el caso más sólido del gobierno. Y según el exfiscal que trabajó en la investigación, había indicios convincentes de que Rivero y su hijo mantenían lazos criminales de peso más allá de su red inmediata.
“Creo que la madre y el hijo tenían lo que yo llamaría conexiones reales”, dijo el exfiscal. “Más allá de si eran considerados formalmente miembros del Tren de Aragua o no, tenían vínculos auténticos y respaldo financiero de fuentes mucho más grandes”.
¿Realidad peligrosa o retórica peligrosa?
Lo que los investigadores han descubierto hasta ahora los ha llevado a cuestionar si la falta de evidencia que conecte lo visto en Tennessee con una estructura nacional del Tren de Aragua en Estados Unidos se debe a que esa red más amplia no existe o a que las investigaciones aún no han podido llegar más lejos.
Para Thomas Jaworski, quien supervisó el caso de trata de personas cuando se desempeñaba como fiscal federal interino para el Distrito Central de Tennessee, la red va más allá de ese estado.
“Me cuesta creer que estuvieran operando en una isla”, dijo sobre los presuntos traficantes.
Puede que no lo estuvieran, pero la evidencia sigue siendo escasa. Incluso la inteligencia del propio gobierno de Trump sobre las actividades del Tren de Aragua en Estados Unidos pone en duda esas afirmaciones.
Un informe del Consejo Nacional de Inteligencia (National Intelligence Council, NIC) de abril de 2025 describe pequeñas células como la que dirigían Rivero y Mota, en lugar de una red nacional coordinada por una dirigencia central.
“El tamaño reducido de las células del Tren de Aragua, su enfoque en actividades criminales de baja complejidad y su estructura descentralizada hacen que sea muy poco probable que el grupo coordine operaciones de trata de personas o tráfico de migrantes a gran escala”, afirma el documento.
Al igual que en Tennessee, el documento advierte que evaluar la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos se complica por la proliferación de criminales comunes que se autoproclaman miembros.
“Algunas personas o grupos criminales que se autodenominan parte del Tren de Aragua carecen de vínculos directos con el liderazgo del grupo, pero, aun así, utilizan su nombre por sus beneficios reputacionales, lo que dificulta la capacidad del NIC para identificar y rastrear a los verdaderos miembros y redes de la organización”.
La evaluación también concluyó que no existe evidencia de que el gobierno venezolano dirija al Tren de Aragua, ni de que el grupo o el Estado estén intentando desestabilizar a Estados Unidos invadiéndolo con migrantes criminales, como ha sostenido la administración Trump.
“El NIC atribuye los flujos migratorios —incluido el aumento de llegadas de venezolanos a Estados Unidos entre 2021 y 2024, que podría incluir a algunos miembros del Tren de Aragua— a una combinación de factores de expulsión y atracción, como las condiciones socioeconómicas, los lazos familiares con Estados Unidos y las percepciones de los migrantes sobre las políticas de control en el país y la región”, afirmaron los autores del informe.
Ninguna de estas contradicciones pareció incomodar a Rausch, quien en su carta al congresista Clemmons, presumió sobre el impacto mediático de su testimonio de noviembre de 2024.
“Parte de la cobertura mediática de este tema ha sido útil para difundir información sobre la banda y, sin duda, ha puesto sobre aviso a la banda de que vamos tras ellos”, escribió Rausch en su respuesta.
Por su parte, Clemmons interpretó las declaraciones y su repercusión de otra manera.
Lo que Rausch había hecho, dijo a InSight Crime, fue generar alarma y estigmatizar a la población venezolana local.
“No puedes simplemente lanzar declaraciones así para asustar a la gente y poner en la mira a toda una comunidad”, señaló. “Hay que aportar contexto. Explicar dónde ocurre esto y cuál es el nivel real de amenaza”.
El legislador añadió que le preocupaba que esos comentarios fueran también una señal de la politización de las fuerzas del orden con otros fines.
“Hubo una coordinación evidente entre el director del TBI [Rausch], su declaración sobre el presupuesto estatal y la oficina del gobernador para intentar aprovechar el hecho de que la migración es uno de los temas que más preocupa en las encuestas y que la aplicación de las leyes migratorias es una prioridad en la agenda del gobierno de [Trump], y que necesitaban encontrar la forma de alinearse con eso”, dijo.
El legado del Tren: estigma y miedo
A medida que la retórica en torno al Tren de Aragua se ha intensificado, ese sentimiento de estigmatización se ha hecho especialmente palpable entre los venezolanos que viven en Tennessee.
Las autoridades “deberían concentrarse en crear mecanismos más eficaces para identificar quiénes son realmente los responsables, en lugar de aprovechar todo esto para demonizar y criminalizar al resto del pueblo venezolano”, dijo a InSight Crime un venezolano que huyó a Tennessee después de recibir amenazas de muerte por denunciar la corrupción en su país, y que pidió el anonimato por motivos de seguridad.
En los últimos meses, esos sentimientos se han transformado en miedo y paranoia, ya que los venezolanos se han convertido en blanco directo de la agenda migratoria del gobierno de Trump.
Primero llegó la designación del Tren de Aragua como organización terrorista, que según la administración de Trump le permitía detener y deportar presuntos miembros de organizaciones criminales sin el debido proceso. Poco después, más de 250 venezolanos fueron deportados a El Salvador, donde fueron recluidos en la prisión más temida del país, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
En muchos de los casos documentados por medios de comunicación, organizaciones legales y grupos de derechos humanos, las personas detenidas no tenían antecedentes penales, y las pruebas presentadas para justificar su supuesta pertenencia al Tren de Aragua eran débiles o incluso inverosímiles.
Según testimonios recopilados por organizaciones humanitarias, una vez en El Salvador, los deportados fueron víctimas de abusos e incluso torturas. Entre ellos había al menos una persona proveniente de Tennessee, según una investigación del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center, NILC) que rastreó a los deportados.
Tras las deportaciones, vino el operativo especial de ICE en Nashville. Además del presunto “miembro afiliado” que las autoridades afirmaron haber arrestado, varios otros venezolanos fueron detenidos. Aquellos que trabajan brindando apoyo a las familias de los arrestados —entre ellos el venezolano que huyó por denunciar la corrupción— aseguraron que ninguno de los detenidos tiene relación con el Tren de Aragua.
“Son personas buenas que vinieron aquí buscando una vida mejor, no a robar ni a matar a nadie. Y los encarcelaron a todos”, dijo.
El resultado, agregó, ha sido un círculo vicioso de miedo entre los residentes nacidos en Estados Unidos por una supuesta nueva amenaza criminal, y miedo entre los venezolanos de Tennessee de ser detenidos y deportados arbitrariamente.
“Todos los que vinimos de países latinoamericanos buscando una vida mejor vivimos con ansiedad, con el miedo de que por haber entrado irregularmente o tener un estatus migratorio frágil nuestras familias puedan ser separadas”, dijo. “Pero para los venezolanos, ese miedo va aún más allá, todo por culpa de una banda criminal”.
