El Tren de Aragua marca presencia en cárceles peruanas con reglas y tensiones
El hacinamiento en penales como Lurigancho multiplica choques y conflictos internos. Investigadores alertan sobre la expansión del Tren y sus redes binacionales. El Estado peruano no logra una política penitenciaria clara frente a esta amenaza
En las cárceles peruanas, especialmente en Lurigancho, comenzó a sentirse desde 2022 la influencia del Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela. Los internos venezolanos aplicaron un estricto código de conducta, conocido como “la rutina”, que prohíbe realizar labores domésticas como barrer o limpiar baños, además de imponer reglas machistas y homofóbicas.
De acuerdo con El País, el investigador y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario, José Luis Pérez Guadalupe, advierte que este modelo replica el de la cárcel de Tocorón, en Venezuela, donde los presos llegaron a controlar el penal con lujos reservados para sus líderes. Desde allí se exportó un esquema delictivo basado en la extorsión y la violencia.
El crecimiento de la población carcelaria venezolana en Perú, de 48 internos en 2018 a más de 4.000 en 2024, coincidió con el aumento de denuncias por extorsión, que se multiplicaron siete veces en el mismo periodo. En penales hacinados como Lurigancho, construido para 2.500 reos y hoy con más de 10.000, estas tensiones se han agudizado.
Aunque con el tiempo algunos internos venezolanos empezaron a integrarse, también se han conformado alianzas entre delincuentes de ambos países. Investigadores sostienen que no se trata de migrantes comunes, sino de grupos con experiencia criminal, que han desplazado a mafias locales en delitos como la trata de personas y la prostitución.
El sistema penitenciario peruano, con más de 100.000 internos pese a contar con capacidad para 41.000, enfrenta serias limitaciones. La propuesta del gobierno de reabrir El Frontón, clausurado en los años ochenta, fue desestimada por especialistas por su escasa viabilidad. Así, mientras el Tren de Aragua gana terreno, las respuestas estatales siguen siendo insuficientes.