Desapariciones forzadas se “institucionalizan” y “enmarcan en una política de Estado” en Venezuela, denunció Provea

Este 30 de agosto se conmemora el Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, creado por la Organización de Naciones Unidas mediante su Resolución A/RES/65/209 del 30 de marzo de 2011. En Venezuela, la ONG Provea destaca esta fecha advirtiendo que estos casos “han aumentado dramáticamente”.

“Al repertorio represivo estatal, se ha sumado en los últimos años el incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente y posteriormente sometidas a largos períodos de incomunicación en los que familiares”, detalla la organización.

Afirman que las desapariciones forzadas en Venezuela, han pasado de ser de “selectivas y de corta duración” como se documentó y denunció en picos de conflictividad como el registrado en 2014, “a desapariciones masivas y de larga duración”.

“Esta práctica tiende a institucionalizarse y se enmarca dentro de una política de Estado de ataques contra la población civil”, afirmó Provea en una publicación en su portal web.

La ONG documentó 23 casos entre los meses de septiembre de 2024 y mayo de 2025, sobre personas en situación de desaparición forzada. Dichas denuncias fueron tomadas mediante entrevistas presenciales para obtener el relato pormenorizado de los hechos y poder prestar toda la asesoría jurídica correspondiente a cada caso.

Las denuncias de estos casos fueron recibidas en un contexto del incremento de la represión en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que fue caracterizada por “la imposición de obstáculos administrativos y judiciales contra dirigentes opositores, actos de amenazas y hostigamiento, y detenciones arbitrarias acompañadas de desapariciones forzadas contra líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos”.

A ello se sumó “el aumento de privaciones ilegítimas de libertad ante un control judicial cada vez menor que da pie al incremento de las irregularidades procesales y a mayor impunidad”.

Ante este panorama, “los familiares de los desaparecidos se ven obligados a recorrer diversas sedes policiales de detención preventiva, en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y demás organismos, donde no les proporcionan información sobre sus parientes y niegan que se encuentren bajo su custodia”.

Los órganos de administración de justicia tienen la obligación de dar información inmediata sobre el paradero de la persona, y una vez vencido el plazo de las cuarenta y ocho (48) horas reglamentarias para celebrar la audiencia de presentación, no es posible saber el tribunal ni el fiscal del Ministerio Público designados.

“Así, en el Poder Judicial, específicamente, en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, en adelante (URDD), de los distintos Circuitos Judiciales Penales correspondientes, existe total opacidad sobre estos casos al facilitar el número de cédula de identidad del desaparecido, puesto que los funcionarios judiciales sólo indican que no aparecen en el sistema”, apunta la organización.

Afirman que la negativa a recibir habeas corpus deja en mayor vulnerabilidad a los detenidos. “En la historia jurídica contemporánea del país no se conocían situaciones en las que los tribunales de la República se negaran a recibir los habeas corpus, violando de manera expresa el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)”.

También destacan que “las instituciones obligadas a dar información del detenido no la proporcionan”. “Se ha podido constatar que no se trata de actuaciones aisladas de cada institución, sino prácticas coordinadas que constituyen una política de omisión de la información. Se genera angustia en los familiares, aumenta el riesgo del detenido de recibir tratos crueles e inhumanos e incluso tortura y se vulnera el debido proceso”.