ONG denuncia escalada represiva contra activistas de derechos humanos

La organización no gubernamental Surgentes denunció la “intensificación de la represión” en Venezuela contra activistas por los derechos humanos, esto, luego de la agresión que sufrió un grupo de familiares de presos políticos frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 5 de agosto y la posterior detención de una de sus integrantes, Martha Lía Grajales.

Mediante un comunicado, la organización indica que “la escalada represiva continuó con una campaña de criminalización contra activistas”, intelectuales y organizaciones de izquierda, así como la detención de Rusbelia Astudillo, consultora de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, y Roberto Campero, dirigente sindical de Sintraenseñanza, reseñó Efecto Cocuyo.

“La campaña articuló discursos de altos voceros de los poderes públicos que nos acusaban de conspiración, ampliados por medios del Estado y sus aliados privados; así como textos anónimos y piezas de guerra sucia difundidas desde cuentas fantasmas de una agencia de noticias privada y desde chats articulados al Ministerio de Comunicación. La campaña, basada en infundios, además de vulnerar la honra y reputación de las personas mencionadas, las coloca en una situación de riesgo a su vida, libertad e integridad personal”, señala la ONG.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que agrupa a unas 150 familias de personas detenidas tras las elecciones del 28 de julio, ha sido señalado por el Estado como cómplice de “terroristas”.

Surgentes rechazó este argumento, afirmando que los casos defendidos por el Comité “no involucran violencia contra personas, sino detenciones arbitrarias de jóvenes” que no participaban en protestas, manifestantes pacíficos o personas acusadas de delitos menores.

Según el comunicado, los detenidos enfrentan cargos desproporcionados como “terrorismo” e “incitación al odio”, sin pruebas sustanciales, y han sido víctimas de incomunicación, torturas y negación de asistencia legal adecuada.

“En Tocorón, se reportan al menos cuatro intentos de suicidio y un caso consumado debido a las condiciones de encierro”, añaden.

La detención de Grajales, ocurrida tras un acto de solidaridad con las Madres, fue calificada como ilegal. Según Surgentes, no se presentó orden de aprehensión, se le negó el derecho a un abogado de confianza, y fue incomunicada durante días.

Denunciaron que actualmente, Grajales enfrenta medidas sustitutivas de privación de libertad.