Consejo Moral Republicano rechaza aumento de recompensa de EE. UU. contra Nicolás Maduro
Según los funcionarios, Washington utiliza su sistema judicial como un “instrumento de persecución política global”. Sostuvieron que la acusación de Estados Unidos, que vincula a Maduro con el narcotráfico, es una “calumnia infame”. el contralor Gustavo Vizcaíno exigió “respeto a las autoridades y al pueblo venezolano”
La Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo rechazaron este lunes la decisión del Gobierno de Estados Unidos de incrementar la recompensa por información que permita la captura del presidente Nicolás Maduro.
En un comunicado transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), los titulares de los tres órganos del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, Gustavo Vizcaíno y Alfredo Ruíz, calificaron la medida como una “grotesca e infame maniobra” y aseguraron que constituye una violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana.
Según los funcionarios, Washington utiliza su sistema judicial como un “instrumento de persecución política global” y recurre a prácticas “propias de regímenes coloniales”. A su juicio, el incremento de la recompensa forma parte de la “guerra híbrida contra Venezuela” y busca favorecer a sectores de la oposición que, afirmaron, han sido derrotados en el terreno democrático.
Los representantes del Consejo Moral Republicano sostuvieron que la acusación de Estados Unidos, que vincula a Maduro con el narcotráfico, es una “calumnia infame” y un intento de construir un “expediente artificial” sin sustento técnico ni jurídico. Reivindicaron además que el Estado venezolano mantiene una “política firme contra el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia transnacional”.
Durante la alocución, Saab aseguró que Maduro “ha sido víctima de una campaña criminal sin precedentes en el hemisferio occidental” y acusó a Estados Unidos de utilizar la lucha contra el narcotráfico como una “coartada hipócrita” para justificar acciones de presión internacional.
En la misma línea, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, calificó la medida como parte de un “ataque sistemático” contra Venezuela que busca “destruir cualquier posibilidad de acuerdo en materia de derechos humanos y de derecho internacional”.
Por su parte, el contralor Gustavo Vizcaíno exigió “respeto a las autoridades y al pueblo venezolano” y desestimó las acusaciones de Washington como “infundadas”.