Denunciarán ante Corte Suprema de EE. UU. fraude procesal de ConocoPhillips contra Venezuela
Ramírez López denuncia que la petrolera estadounidense ocultó un acuerdo de pago firmado con Pdvsa en 2018, mientras solicitaba la ejecución total de un laudo arbitral. Ramírez advierte que esta omisión pudo favorecer intereses personales de terceros tras previo acuerdo con los demandantes y pide el respaldo de Edmundo González y María Corina Machado para impulsar la acción legal
El abogado venezolano Carlos Ramírez López anunció que presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en la que acusará a la empresa ConocoPhillips de incurrir en fraude procesal al ocultar un acuerdo previo de pago con PDVSA, mientras solicitaba la ejecución de un laudo arbitral en tribunales estadounidenses.
Ramírez, quien ha seguido de cerca los casos legales relacionados con los activos venezolanos en el exterior, explicó que el segundo argumento de su recurso certiorari se centra en el litigio entre la petrolera estadounidense y el Estado venezolano, derivado de la expropiación de activos dictada por el expresidente Hugo Chávez.
“La empresa ConocoPhillips obtuvo un laudo a su favor por 8.500 millones de dólares, pero antes de pedir su ejecución en Washington D.C., firmó en 2018 un acuerdo confidencial con el gobierno de Nicolás Maduro por 2.040 millones de dólares, de los cuales ya había recibido más de 770 millones”, aseguró Ramírez.
A pesar de ese arreglo, que suspendía la vía judicial mientras se cumplieran los pagos pactados, ConocoPhillips solicitó la ejecución del laudo en tribunales federales sin revelar el acuerdo ni los pagos recibidos. “Eso privó al tribunal de información esencial para valorar la proporcionalidad de lo que se reclamaba. Es un fraude procesal”, afirmó.
Según Ramírez, al elegir primero la vía del acuerdo privado, la empresa renunció implícitamente a continuar la ejecución inmediata del laudo conforme al convenio del CIADI y a la Convención de Nueva York. “Lo que correspondía era demandar su cumplimiento en tribunales ordinarios, no seguir por la vía arbitral ignorando lo ya pactado”, sostuvo.
Además, el abogado lanzó duras críticas a quienes representaron a Venezuela en este proceso: “¿Por qué se ocultó ese acuerdo? ¿A dónde fueron a parar los 770 millones ya desembolsados? ¿Por qué no se exigió el cumplimiento del resto del trato?”
Ramírez insistió en que se trata de un patrón similar al caso Crystallex y que ambos forman parte de una estrategia legal con graves omisiones que han generado daños patrimoniales al país. “Venezuela merece justicia, y lo mínimo es que los tribunales de Estados Unidos tengan acceso a todos los hechos antes de despojar a un país de sus activos estratégicos”, concluyó.