Prostitución, escándalos y acusaciones salpican al Psoe y a Pedro Sánchez
Prostíbulos, escorts y saunas se han convertido en palabras recurrentes en los últimos días en el Congreso, los tribunales y los medios de comunicación en España. Lo que comenzó con el llamado caso Ábalos, que expuso a dos dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) por contratar prostitutas durante viajes oficiales y otorgarles cargos públicos, ha escalado ahora hasta salpicar directamente al presidente Pedro Sánchez.
“¿De qué prostíbulos ha vivido usted? ¡Es partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución!”, exclamó en el Congreso el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. La nueva ofensiva opositora apunta al fallecido suegro de Sánchez, Saturnino Gómez, acusado por el PP de haber regentado saunas donde supuestamente se ejercía la prostitución.
Las sospechas sobre Gómez no son nuevas. Se remontan a 2014, cuando Pedro Sánchez comenzaba a perfilarse como líder del Psoe. Su nombre apareció en una conversación entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo —implicado en una trama de espionaje ilegal orquestada durante el gobierno de Mariano Rajoy— y un funcionario del Ministerio del Interior.
Es un negocio de puta madre… Ahí sacan pasta de la hostia. Está todo a nombre del hermano mayor, pero los otros dos (el suegro y otro más) son los que llevaban la gestión”, afirmaba Villarejo en un audio difundido por El País, parte de una investigación judicial sobre la conocida como “policía patriótica”.
El entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, le respondía: “Esto mataría a cualquiera que va con la bandera del rollo feminista... ¿Feminista? Y lo tienes lleno de polacas chupando (...) en la sauna”.
La ofensiva del PP también alcanzó a Begoña Gómez, esposa del presidente, a quien la diputada Ester Muñoz acusó en Antena 3 de haber gestionado las cuentas de dichas saunas. “Las saunas de la familia de Begoña Gómez, que ella regentaba, eran sitios donde se intercambiaban sexo, unas veces libre, otras mediante pagos”, declaró. Incluso sugirió que participaron inmigrantes jóvenes “que venían a prostituirse”.
Aunque hasta ahora el PP no ha presentado ninguna denuncia formal ante la justicia, exigió explicaciones al Ejecutivo y solicitó que el ministro de Función Pública, Óscar López, comparezca ante el Congreso. Además, demandan saber si alguna propiedad involucrada pertenecía al Estado.
El impacto político ya se refleja en los sondeos. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la intención de voto entre mujeres simpatizantes del Psoe cayó del 26% al 19%, un segmento crucial para Sánchez, que le dio una ventaja de siete puntos sobre Feijóo en las últimas elecciones.
El tema lo afecta porque erosiona la narrativa feminista de su gobierno. Sánchez está en una situación electoral complicada”, explicó a La Nación la experta María Gabriela Ortega Jarrín, doctora en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. “Esto da impulso a discursos de extrema derecha que relativizan la prostitución y frenan los avances del feminismo. Es un impacto no sólo para Sánchez, sino para la sociedad española”.
La controversia promete mantenerse activa durante el verano europeo y volver con fuerza en septiembre, cuando el gobierno planea presentar en el Congreso una ley para prohibir la prostitución en España.
El caso Ábalos, además, ha causado tensiones internas en el Psoe, especialmente con su ala feminista. La Guardia Civil investiga conversaciones entre el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, quienes organizaban viajes oficiales con acompañantes seleccionadas. En un audio se escucha a Koldo decir: “Si vienen para aquí tienes a Ariadna, que está bien, está perfecta”. Ábalos responde: “No sé, Carlota se enrolla que te cagas. La que tú quieras”.
Sánchez ha pedido perdón públicamente y promovió reformas internas, incluyendo la posible expulsión de afiliados que consuman prostitución.
El escándalo creció aún más con la revelación de que Jessica Rodríguez, una de las acompañantes, cobraba 1.500 euros diarios por asistir a más de 30 viajes oficiales entre 2018 y 2020. Según declaró ante la justicia, vivió tres años en un departamento de lujo en Madrid sin saber quién lo pagaba, aunque sospechaba de Ábalos. También confesó que, pese a estar contratada por empresas públicas, nunca se presentó a trabajar.
