ONG denuncia aumento de la persecución política a un año de las elecciones presidenciales

Casi un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela sigue sumida en una preocupante ola represiva que ha dejado a más de 1.000 personas privadas de libertad por razones políticas.

Así lo advirtió la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en su más reciente informe, en el que denuncia un agravamiento sostenido de la criminalización de la disidencia en el país.

Según el balance presentado, el número de presos políticos se ha triplicado desde la jornada electoral del año pasado. "Antes del 28 de julio de 2024, teníamos registro de poco más de 300 personas detenidas por motivos políticos. A partir del 29 de julio, la cifra comenzó a crecer de forma acelerada", señaló Martha Tineo, coordinadora general de la organización.

JEP también alertó sobre las condiciones de reclusión en las que se encuentran muchas de estas personas, calificándolas como inhumanas y degradantes. Varias de las detenciones, según la organización, presentan patrones de persecución sistemática que podrían constituir violaciones graves de derechos humanos.

Tineo hizo un llamado firme a la comunidad internacional a no guardar silencio ni aceptar como normal la institucionalización del encarcelamiento político. “Venezuela atraviesa una de sus etapas más oscuras en materia de derechos humanos. No se puede mirar hacia otro lado”, afirmó.

Además, la organización ratificó su compromiso de acompañar a las víctimas y sus familiares en el proceso de denuncia, documentación y búsqueda de justicia. “No se trata solo de números, se trata de personas. De ciudadanos que alzaron su voz y hoy son castigados por ejercer su derecho a disentir”, concluyó Tineo.

La advertencia de JEP se suma a los múltiples reportes de organizaciones nacionales e internacionales que, en el último año, han alertado sobre el cierre del espacio cívico, la represión sistemática y la consolidación de un modelo autoritario en Venezuela.