Tribunal niega defensa privada a Juan Pablo Guanipa mientras su paradero sigue sin conocerse

El abogado Joel García denunció este viernes que un tribunal negó la solicitud de designar una defensa privada al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, detenido el pasado 23 de mayo, bajo cargos relacionados con un presunto plan para sabotear las elecciones regionales y legislativas celebradas dos días después en el país.
El tribunal ha rechazado la designación de defensor de confianza para Juan Pablo Guanipa, alegando que debe ser el propio detenido quien firme la solicitud, pese a que se encuentra incomunicado y su paradero es desconocido”, afirmó García a través de su cuenta en la red social X.
El abogado, acompañado por Ramón Guanipa, hijo del exdiputado, recordó que el dirigente opositor dejó un video en el que manifestaba su deseo de ser representado exclusivamente por García en caso de ser detenido. “No acepto defensa pública. Mi abogado de confianza es el doctor Joel García”, expresó Guanipa en la grabación, difundida tras su arresto.
García explicó que, pese a esta manifestación expresa de voluntad, las autoridades designaron un defensor público para representarlo en la audiencia de presentación del 24 de mayo, acción que calificó como contraria a los derechos del detenido.
“Acudimos al tribunal para hacer valer el video, pero ni siquiera aceptaron la designación que presentó su hijo”, sostuvo el jurista.
Asimismo, denunció que el tribunal declaró “improcedente” un recurso de habeas corpus introducido para obtener información sobre el lugar de reclusión de Guanipa. “A más de un mes de su detención, sus familiares siguen sin saber dónde está detenido”, agregó.
Juan Pablo Guanipa fue detenido tras ser señalado por el fiscal general, Tarek William Saab, como parte de un supuesto plan para “boicotear” los comicios del 25 de mayo y promover “actos terroristas”. Según el Gobierno, más de 70 personas, incluidos algunos extranjeros, fueron arrestadas en relación con el operativo.
Saab aseguró entonces que al exdiputado se le garantizan sus derechos humanos, acceso a visitas familiares y respeto al debido proceso. Sin embargo, la familia del político desmiente que esas garantías se estén cumpliendo.