Detenciones de economistas encienden las alarmas: "Gobierno intenta controlar la narrativa sobre la crisis"

Las recientes detenciones de al menos ocho economistas durante las últimas semanas despertó una ola de indignación ante la posibilidad de una presunta persecución contra analistas y divulgadores económicos en un contexto donde el gobierno busca poner fin a supuestos grupos que difunden datos sobre el dólar paralelo para “desestabilizar” la economía venezolana.

La ofensiva contra estos grupos comenzó a principios de junio, cuando el fiscal general anunció la captura de más de 50 personas, incluyendo operadores de portales digitales acusados de "venta ilegal de divisas” y señalados por delitos como terrorismo y legitimación de capitales.

Sin embargo, los arrestos alcanzaron su punto más álgido tras la detención de académicos, profesores universitarios y consultores como Daniel Cadenas, Gerardo Cacique y Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas, este último capturado el pasado 12 de junio por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“Política de persecución"

Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), asegura que la detención de los economistas forma parte de una política de persecución que busca callar toda voz crítica o que tenga una visión distinta a la que quiere imponer la cúpula gobernante.

El abogado señala que en este caso en particular se pretende imponer una verdad oficial sobre la situación económica y social que atraviesa el país con el propósito de que no existan datos y análisis distintos a las cifras que puedan emitir las instituciones del estado.

La represión se ha desbordado y cualquier persona está en riesgo de sufrir una detención arbitraria y posteriormente ser sometida a desaparición forzada. En esta oportunidad fue contra los economistas, pero puede ocurrir contra cualquier profesional que dé datos distintos a los que emite la versión oficial", advirtió.

En este contexto, las detenciones de profesionales del área económica en el país desencadenaron el rechazo de organizaciones como el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), que a través de un comunicado señaló "que no constituye un delito elaborar y difundir cifras de precios ni mucho menos sus análisis”.

A dicho pronunciamiento se sumaron personalidades e instituciones como el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), que  afirmó que estas detenciones "afectan directamente el derecho colectivo de los ciudadanos a acceder a información veraz, oportuna y útil sobre la situación económica del país".

La ONG exhortó al Estado venezolano a cesar de inmediato cualquier forma de persecución o coacción contra académicos, profesionales, periodistas y organizaciones que contribuyen al análisis crítico y técnico de la situación nacional.

"Estas acciones se inscriben en un patrón sostenido de hostigamiento estatal contra voces independientes, especialmente en períodos de alta conflictividad política y social, y constituyen una amenaza directa a las libertades informativas", señaló Ipys.

Control sobre la narrativa económica 

El presidente, Nicolás Maduro, anunció en el Congreso Internacional de Emprendedores realizado en abril que la economía registró un crecimiento superior al 4,5 % durante el primer trimestre de 2025.

Maduro recordó que Venezuela ha acumulado 16 trimestres consecutivos de crecimiento económico, un dato que refuerza la narrativa oficial sobre la recuperación económica venezolana.

"El primer trimestre de este año, la tendencia es a la consolidación del crecimiento y ya el Banco Central de Venezuela  está estimando un crecimiento no menor del 4,5 % del producto interno bruto", dijo.

Sin embargo, estos datos fueron contrastados por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), que reveló una contracción del 2,7 % en la actividad económica venezolana, lo que, asegura, "afecta la continuidad de los negocios, agravando aún más el desempeño económico del país”.

El analista político Osnel Gómez asegura que la detención de varios economistas es una medida que utiliza el gobierno en un intento de controlar la narrativa sobre la crisis económica.

El politólogo agrega que, con este tipo de actuaciones, el Ejecutivo busca silenciar a quienes publican datos independientes sobre inflación, tipo de cambio o contracción económica para evitar que se visibilicen los efectos reales de los resultados de sus políticas económicas.

"Esta política no es nueva, pero se ha intensificado en las últimas semanas, especialmente tras la publicación de cifras no oficiales que muestran un deterioro económico acelerado en los últimos meses", señaló.

"El dólar sigue subiendo"

En la misma línea, la profesora universitaria, María Alexandra Semprún, menciona que otra de las razones del gobierno para justificar estas aprehensiones es reforzar la noticia de que el precio del dólar paralelo se debe a una "manipulación artificial del mismo" y que los economistas contribuyen a esto.

La también politóloga asegura que los intentos del Estado en frenar la brecha entre el dólar BCV y el paralelo pueden originar un impacto significativo que obliga a las personas a implementar estrategias de "precios secretos", medida que consiste en obtener tarifas más bajas o mejores ofertas.

"Cada vez más tiendas ofrecen descuentos importantes al cancelar en divisas. Muchos hacen negocio con la brecha cambiaria, actuando de intermediarios. Quien quiere vender dólares se restringe de hacerlo porque no tiene claro a qué precio vender", aseguró

Además, destacó que a raíz de la situación suscitada en las últimas semanas con la captura de varios economistas, muchas de las personas que se desempeñan en esa área han dejado de divulgar información.

Asimismo, descartó que la debacle económica esté relacionada con los datos aportados por analistas y conocedores del tema y aseguró que, mientras el gobierno intenta frenar el dólar paralelo, el precio de la moneda estadounidense continúa en ascenso.

"El dólar sigue subiendo. No son los economistas. La razón es que BCV no tiene divisas para hacerlas circular. El comerciante no puede reponer los dólares que invierte. Es por eso que los productos han subido alrededor de un 30 %. Que es más o menos la diferencia entre BCV y paralelo", detalló.

Criminalización de la económica

Con la llegada de Maduro a la presidencia en 2013, se intensificó la política de opacidad gubernamental. Ese año, el BCV dejó de publicar cifras clave como el índice de remuneración de los trabajadores.

En 2016, cuando la inflación comenzó a dispararse, el BCV suspendió la publicación de otros indicadores clave, como el índice de dolarización y el índice de actividad económica. Entre marzo de 2019 y agosto de 2024, mantuvo en secreto las cifras del PIB y desde 2016 hasta mayo de 2019, el organismo ocultó la tasa de inflación. Posteriormente, en octubre de 2024, volvió a suspender su publicación.

El politólogo y analista político, Osnel Gómez, afirma que la represión contra quienes generan información económica confiable erosiona la transparencia, desalienta la inversión y debilita la confianza ciudadana. Además, limita el debate técnico y académico necesario para formular soluciones a la actual situación económica.

Gómez asegura que la criminalización contra la labor de varios economistas responde a que estos profesionales llenan el vacío informativo dejado por el Estado, que desde octubre de 2024 no publica cifras oficiales.

Mencionó que al compartir datos confiables, los analistas económicos permiten a la ciudadanía comprender mejor la situación económica, lo cual puede ser visto por el gobierno como una amenaza a su legitimidad o estabilidad.

Atacar a quienes generan y comparten datos económicos confiables no solo vulnera principios democráticos fundamentales, sino que también limita la comprensión de la realidad del país", advirtió.

Por su parte, Marino Alvarado agrega que al criminalizar la investigación independiente no se perjudica solo a personas, organizaciones u instituciones que realicen un determinado análisis, sino que también se afecta el desarrollo del país.

El activista y defensor de los derechos humanos destaca que existe un "desbordamiento represivo" que pone en riesgo incluso a los integrantes de la propia cúpula gobernante.

Ya tenemos experiencias recientes de ministros en ejercicios encarcelados, al igual que diputados y jueces. Es un torbellino que va arrastrando cada vez más personas y ni siquiera los que hoy están en las alturas de la estructura del poder se sienten a salvo", refirió.

"Los números no fallan"

El analista político, Ricardo Lobo, destacó que el gobierno nacional ha impuesto un hostigamiento contra las personas que piensan distinto, situación que, a su juicio, se puede ver reflejada en las últimas semanas.

Según el experto, el Ejecutivo ha intentado mostrar una realidad económica muy distinta a la que vive la población venezolana, por lo que cualquier análisis publicado por economistas independientes que no esté en la misma línea con la narrativa oficial puede ser motivo para que el gobierno trate de cercenar ese pensamiento.

No se puede pretender que todos los economistas manejen el discurso que al gobierno le conviene, la economía es una sola y los números no fallan", advirtió.

Lobo destacó que resulta necesario establecer estrategias para que la población no pierda la confianza en las cifras que divulgan los actores políticos con el objetivo de que los sectores económicos se manejen con tranquilidad.

Si existe persecución sobre quienes dan las cifras, se obliga a que el factor económico y analítico no diga lo que tiene que decir, dando paso a la autocensura", sentenció.